El Estado pagará casi un millón de dólares por la contratación de cuatro estudios o bufetes de abogados para la defensa del país en cuatro arbitrajes iniciados por Pan American Energy (PAE), Abertis Infraestructuras y los casos Quibórax y Quibórax-Non Metalics.
La Procuraduría General del Estado (PGE) lanzó una convocatoria el pasado 4 de octubre para la contratación de consorcios jurídicos nacionales o extranjeros para la defensa legal del Estado en las dos primeras demandas.
Para las dos controversias por Quibórax, el llamado se efectuó el 6 de septiembre.
PAE formalizó una demanda arbitral contra el Estado el 24 de septiembre ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Exige una compensación de 1.493 millones de dólares, incluidos daños y perjuicios, por la nacionalización, en 2009, de su paquete accionario en la petrolera Chaco.
Para la defensa, en este proceso el objeto del contrato con el consorcio de abogados es el copatrocinio técnico-legal integral en un arbitraje internacional de inversiones. El límite máximo de remuneración es de 1.568.250 bolivianos (225.323 dólares) hasta el 31 de diciembre. La firma debe efectuarse el 25 de este mes.
La hora trabajada en este caso le costará al Estado 718 dólares.
La segunda convocatoria es para la defensa legal del Estado en la demanda de arbitraje interpuesta por Abertis Infraestructuras SA ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
La firma española administraba, mediante SABSA, los tres aeropuertos principales del país y en 2011 informó al Estado del inicio de un procedimiento arbitral por la supuesta vulneración de su contrato de concesión y rebaja de tarifas en 2005. El 2 de junio de 2012 la demandante notificó al país por escrito con la demanda formal de arbitraje.
El Estado, mediante el Decreto Supremo 1494, del 18 de febrero de 2013, nacionalizó el paquete accionario de TBI Overseas Bolivia, perteneciente a la sociedad Airport Concessions & Development Limited – ACDL, encabezada por Abertis Infraestructuras SA en la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos Sociedad Anónima (SABSA).
Los casos Quibórax
El pasado 6 de septiembre, la PGE lanzó dos convocatorias para la contratación de dos consorcios de abogados nacionales o internacionales que puedan asumir el copatrocinio en la defensa del Estado en las demandas de Quibórax y Quibórax Non Metalic. La selección y firma de contrato estaban previstas para el pasado 20 de septiembre.
Por cada uno de los casos, el consorcio elegido recibirá un pago de 2.038.725 bolivianos (292.920 dólares).
Las demandas fueron presentadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La controversia se dio a causa de la reversión y pérdida de 11 concesiones en el Delta del Río Grande del Salar de Uyuni, mediante el Decreto Supremo 27589 del 23 de junio de 2004 y la posterior abrogación del DS 27589 y declaración de nulidad de las resoluciones constitutivas de las 11 concesiones, mediante el Decreto Supremo 28527 del 16 de diciembre de 2005.
Procesos pendientes
El Estado también afronta el arbitraje interpuesto por Jindal ante la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional en París por la ejecución de sus boletas de garantía ante el incumplimiento de inversiones en el Mutún.
Está abierto también el proceso iniciado por la Red Eléctrica de España por la nacionalización de la Transportadora de Electricidad (TDE).
Una veintena de nacionalizaciones
Expropiaciones Desde 2006, el Estado impulsó la nacionalización de una veintena de empresas que fueron privatizadas en los 90.
Mineras En 2006, retomó el control de la mina de estaño Huanuni y en 2007 de la fundición de Vinto, en manos de la suiza Glencore.
Petroleras En 2008, el Estado recuperó las petroleras Transredes, Chaco (se concretó en 2009) y Compañía Logística de Hidrocarburos; logró el control accionario de Andina y nacionalizó ENTEL. En 2009 fue Air BP, que distribuía combustible en los aeropuertos.
Eléctricas En 2010, la reversión afectó a las eléctricas Guaracachi, Corani y Valle Hermoso y a la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba. En 2012 se estatizó la TDE.
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