Thursday, December 5, 2019

DECRETO SUPREMO N° 3994 - Aprobar el incremento salarial para la gestión 2019 a favor de las Empresas Públicas y las empresas en las cuales el Estado tenga mayoría y participación accionaria

DECRETO SUPREMO N° 3994
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo II del Artículo 49 de la Constitución Política del Estado, determina que la ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos; salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales.
Que el Artículo 123 del Texto Constitucional, establece que la Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores.
Que los Parágrafos I y VII del Artículo 17 de la Ley Nº 614, de 13 de diciembre de 2014, del Presupuesto General del Estado Gestión 2015, vigentes por el inciso n) de la Disposición Final Cuarta de la Ley N° 1135, de 20 de diciembre de 2018, del Presupuesto General del Estado Gestión 2019, señalan que la remuneración máxima en el sector público, no podrá ser igual ni superior a la establecida para el Presidente del Estado Plurinacional. Se exceptúa a los servidores públicos que prestan servicios en el exterior del país; y las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas – EPNE, excepcionalmente, en casos de personal especializado en áreas estratégicas, podrán incorporar en sus Escalas Salariales, niveles de remuneraciones mayores al establecido para el Presidente del Estado Plurinacional, debiendo ser aprobadas expresamente mediante Decreto Supremo.
Que los Parágrafos I y II del Artículo 13 de la Ley N° 975, de 13 de septiembre de 2017, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2017, vigente por el inciso s) de la Disposición Final Cuarta de la Ley N° 1135, disponen que el incremento salarial de las empresas constituidas legalmente como Sociedad de Economía Mixta – S.A.M., Sociedad Anónima – S.A. o Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L., en las que el Estado posea participación accionaria, será aprobado mediante Decreto Supremo específico; y los requisitos y parámetros para el mencionado incremento, serán reglamentados por el Órgano Ejecutivo considerando su naturaleza jurídica.
Que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 2348, de 1 de mayo de 2015, establece que el incremento salarial para las trabajadoras y los trabajadores de las Empresas Públicas del nivel central del Estado, será autorizado mediante Decreto Supremo expreso; asimismo, el Artículo 3 del citado Decreto Supremo, señala que el porcentaje de incremento salarial no podrá ser superior al incremento salarial aprobado anualmente para el sector público, de acuerdo a la utilidad neta y disponibilidad financiera de cada empresa.
Que el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 2348, dispone que para ser beneficiarias del incremento salarial, las Empresas Públicas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Demostrar sostenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado para al menos tres (3) años; b) Haber generado utilidad operativa en la gestión anterior; y c) El incremento salarial deberá ser financiado con ingresos generados en la operación del giro del negocio; no debiendo implicar ajuste en los precios de los productos o servicios prestados ni uso de transferencias por subvenciones, fideicomisos, aportes de capital del Tesoro General de la Nación – TGN u otros recursos de carácter no recurrente.
Que los Parágrafos I y II del Artículo 45 del Decreto Supremo Nº 3766, de 2 de enero de 2019, establecen que las empresas constituidas legalmente como S.A.M., S.A. o S.R.L., en las que el Estado posea participación accionaria, para beneficiarse del incremento salarial deberán presentar a su Ministerio Responsable del Sector, la solicitud de incremento salarial acompañada de la autorización de su Máxima Instancia Resolutiva, Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo de dos gestiones anteriores, dictamen de auditoría externa y otra información que considere pertinente; asimismo, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Demostrar sostenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado para tres (3) años; b) Presentar utilidad en la pasada gestión; y c) El incremento salarial deberá ser financiado con ingresos generados en la operación del giro del negocio, por lo que no debe implicar ajuste en los precios de los productos o servicios prestados, uso de transferencias por subvenciones, fideicomisos, aportes de capital u otros recursos no recurrentes.
Que el inciso b) del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 3889, de 1 de mayo de 2019, aprueba el incremento salarial de hasta el cuatro por ciento (4%) aplicable de forma lineal, para los servidores públicos que tienen un haber básico menor o igual a Bs18.727.- (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00/100 BOLIVIANOS), para las entidades Desconcentradas, Descentralizadas, Autárquicas y otras del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado.
Que por lo anteriormente expuesto es necesario aprobar el incremento salarial para la gestión 2019 a favor de las servidoras y servidores públicos, así como para las trabajadoras y los trabajadores de las Empresas Públicas y las empresas en las cuales el nivel central del Estado tenga participación accionaria mayoritaria.

EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto, en el marco de la normativa vigente, aprobar el incremento salarial para la gestión 2019 a favor de las Empresas Públicas y las empresas en las cuales el Estado tenga mayoría y participación accionaria.
ARTÍCULO 2.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS). Se aprueba el incremento salarial de hasta el cuatro por ciento (4%) para las servidoras y los servidores públicos de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia – ASP-B.
ARTÍCULO 3.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA). Se aprueba el Incremento Salarial del tres coma tres por ciento (3,3%) al haber básico para las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri.
ARTÍCULO 4.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍAS). Se aprueba el incremento salarial del cuatro por ciento (4%) para las trabajadoras y los trabajadores de:
a) La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE Matriz;
b) Las Empresas Filiales y Subsidiaria de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE Corporación.
ARTÍCULO 5.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA).
I. Se aprueba el incremento salarial de hasta el cuatro por ciento (4%) para las trabajadoras y los trabajadores de:
a) La Agencia Boliviana Espacial – ABE;
b) La Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”;
c) Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. – SABSA.
II. Se excluye del incremento salarial establecido en el inciso b) del presente Artículo, a las trabajadoras y los trabajadores que se encuentren bajo la modalidad de Contrato a plazo fijo y Contrato de Obra o Servicio.
ARTÍCULO 6.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN). Se aprueba el incremento salarial de hasta el cuatro por ciento (4%) para las servidoras y servidores públicos de la Empresa Estatal de Televisión denominada “BOLIVIA TV”.
ARTÍCULO 7.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS).
I. Se aprueba el incremento salarial de hasta el cuatro por ciento (4%) para las trabajadoras y trabajadores del personal Administrativo Operativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB Casa Matriz.
II. Se aprueba el incremento salarial de hasta el cuatro por ciento (4%) para las trabajadoras y trabajadores, en la escala salarial vigente del personal que desempeña funciones en YPFB ANDINA S.A., YPFB CHACO S.A., YPFB TRANSPORTE S.A., YPFB TRANSIERRA S.A., GAS TRANSBOLIVIANO S.A., YPFB REFINACIÓN S.A., YPFB LOGÍSTICA S.A., AIR BP BOLIVIA S.A. y COMPAÑIA ELÉCTRICA CENTRAL BULO BULO S.A.; precautelando que no se genere superposición de niveles salariales.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Los incrementos salariales señalados en el presente Decreto Supremo, serán aplicados de forma lineal para las servidoras y servidores públicos, así como para las trabajadoras y los trabajadores de cada empresa que tienen un haber básico menor o igual a Bs18.727.- (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00/100 BOLIVIANOS), precautelando que no se genere superposición de niveles salariales.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.-
I. Los incrementos salariales señalados en el presente Decreto Supremo:
a) Serán financiados con recursos específicos de cada empresa, según corresponda;
b) En el caso de Filiales y Subsidiaria de ENDE Matriz, serán financiados con ingresos generados en la operación del giro del negocio;
c) En el caso de las Filiales y Subsidiarias de YPFB Casa Matriz, serán financiado con recursos específicos de cada una de las Empresas Subsidiarias y Filiales, según corresponda.
d) Se aplicarán con carácter retroactivo al 1 de enero de 2019.
II. La aplicación de los incrementos salariales establecidos en el presente Decreto Supremo, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de cada empresa o sus Gerentes Generales de cada una de las empresas de las Subsidiarias y Filiales de YPFB Casa Matriz o instancia resolutiva de las Filiales y Subsidiarias de ENDE Matriz, según corresponda.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.-
I. Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo, las Empresas Públicas, deberán remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sus escalas salariales modificadas en un plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la publicación del presente Decreto Supremo, para su correspondiente aprobación.
II. Se exceptúa de la aplicación del Parágrafo precedente a las Empresas Filiales y Subsidiares de ENDE Matriz, filiales y subsidiarias de YPFB Casa Matriz y a SABSA.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.-
I. La aplicación del incremento salarial retroactivo al 1 de enero de 2019, deberá ser efectivizada hasta el 31 de agosto de la presente gestión, debiendo realizar los aportes a los entes gestores de seguridad social de corto y largo plazo de acuerdo a normativa vigente.
II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social deberá establecer el plazo para la presentación de la planilla retroactiva del incremento salarial, a cuyo vencimiento aplicará las multas que pudieren corresponder de acuerdo a normativa vigente.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecinueve.

FDO. EVO MORALES AYMA, Diego Pary Rodríguez, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Nélida Sifuentes Cueto, Oscar Coca Antezana, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Milton Gómez Mamani, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, José Manuel Canelas Jaime, Tito Rolando Montaño Rivera.

Friday, November 22, 2019

Thursday, November 21, 2019

DECRETO SUPREMO N° 3981 - Establecer la formación obligatoria en prevención de la violencia en el Estado Plurinacional de Bolivia para las servidoras y servidores públicos, y personal de las empresas públicas.

DECRETO SUPREMO N° 3981
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo II del Artículo 8 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Que el numeral 2 del Artículo 9 del Texto Constitucional, establece entre los fines y funciones esenciales del Estado, los de garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.
Que los Parágrafos II y III del Artículo 15 de la Constitución Política del Estado, señalan que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; y que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.
Que el numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 298 del Texto Constitucional, dispone como una competencia privativa del nivel central del Estado, la creación, control y administración de las empresas públicas estratégicas del nivel central del Estado.
Que el numeral 31 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, determina como una competencia exclusiva del nivel central del Estado, las políticas y régimen laborales.
Que el Artículo 62 de la Ley Nº 264, de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para Una Vida Segura”, establece que el Ministerio de Gobierno a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, las entidades territoriales autónomas y la Policía Boliviana, en coordinación con los Ministerios  de Educación y de Comunicación, deberán planificar, diseñar y ejecutar programas, proyectos, estrategias y campañas de comunicación social educativas en materia de: seguridad ciudadana, prevención del delito, factores de riesgo y todo tipo de violencia.
Que el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 0212, de 15 de julio de 2009, señala que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional tiene como objetivo contribuir a la construcción y consolidación de la nueva gestión pública del Estado, mediante la formación y capacitación de servidoras y servidores públicos, para los diferentes niveles de gobierno (central, departamental, municipal y entidades territoriales indígena originaria campesinas), que sirvan al pueblo boliviano.
Que el Estado Plurinacional de Bolivia promueve y genera una cultura de prevención de violencia y seguridad ciudadana, por lo que es necesario emitir el presente Decreto Supremo.

EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la formación obligatoria en prevención de la violencia en el Estado Plurinacional de Bolivia para las servidoras y servidores públicos, y personal de las empresas públicas.
ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente Decreto Supremo se aplicará a:

  1. Las servidoras y servidores públicos de las instituciones y entidades de los diferentes niveles del Estado Plurinacional de Bolivia; y
  2. El personal de las empresas públicas y sociedades comerciales donde el Estado tenga participación mayoritaria.
ARTÍCULO 3.- (FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA).
I.            Las servidoras y servidores públicos de las instituciones y entidades de los diferentes niveles del Estado Plurinacional de Bolivia y el personal de las empresas públicas, deberán contar con un curso de formación en prevención de la violencia.
II.          Las instituciones, entidades y empresas públicas del nivel central del Estado, así como las sociedades comerciales donde el Estado tenga participación mayoritaria deberán gestionar el acceso a los cursos de formación en prevención de la violencia para el personal a su cargo, así como controlar el cumplimiento de los plazos previstos en el presente Decreto Supremo.
ARTÍCULO 4.- (CONTENIDO Y METODOLOGÍA). La Escuela de Gestión Pública Plurinacional elaborará los contenidos y metodología de los cursos de formación en prevención de violencia con enfoque de derechos, género, despatriarcalización y masculinidades, en coordinación con el Viceministerio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y el Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización “Ana María Romero”.

ARTÍCULO 5.- (ENTIDADES DE FORMACIÓN).
I.            Las entidades públicas de formación y capacitación, en el marco de sus atribuciones y competencias, podrán implementar los cursos de formación en prevención de violencia de acuerdo a los contenidos y metodología señalados en el Artículo 4 del presente Decreto Supremo, y emitir la certificación correspondiente.
II.          Los cursos de formación en prevención de violencia podrá desarrollarse bajo modalidad presencial, semi presencial y/o virtual.
III.         Las entidades públicas de formación y capacitación deberán reportar en los meses de abril, agosto y diciembre de cada gestión a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional la información académica de la población participante con la finalidad de centralizar y hacer seguimiento de los resultados de los cursos de formación.
ARTÍCULO 6.- (CARGA HORARIA).
I.            Las servidoras y servidores públicos y personal de las empresas públicas, deberán cumplir un mínimo de veinticinco (25) horas de formación en prevención de violencia.
II.          Los servidores públicos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas deberán cumplir un mínimo de cincuenta (50) horas de formación en prevención de violencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.-
I.            El personal de entidades, instituciones y empresas públicas que actualmente se encuentre prestando funciones, deberá cumplir lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 3 del presente Decreto Supremo en el plazo máximo de dos (2) años, contabilizados a partir de su publicación.
 
II.          El personal que se incorpore a entidades, instituciones y empresas públicas que no cuente con certificado de formación en prevención de violencia, deberá cumplir lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 3 del presente Decreto Supremo en el plazo máximo de dos (2) años, contabilizados a partir de la fecha de su incorporación.

DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- La implementación del presente Decreto Supremo no representará asignación de recursos adicionales del Tesoro General de la Nación – TGN.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Las instituciones y entidades públicas, empresas públicas y sociedades comerciales donde el Estado tenga participación mayoritaria, adicionalmente podrán desarrollar otros programas de prevención contra la violencia tomando en cuenta las características institucionales, regionales, culturales, dinámica institucional, recursos y particularidades de su personal.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Gobierno; de Defensa; de Justicia y Transparencia Institucional; y de Educación, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de julio de dos mil diecinueve.

FDO. EVO MORALES AYMA, Diego Pary Rodríguez, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Nélida Sifuentes Cueto, Oscar Coca Antezana, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Milton Gómez Mamani, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS E INTERINO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Wilma Alanoca Mamani, José Manuel Canelas Jaime, Tito Rolando Montaño Rivera.

Monday, October 7, 2019

Gerente de Quipus denuncia que quisieron extorsionarlo mediante teléfono

"Estamos alarmados por los ataques. Este fin de semana hubo un acto de extorsión y queremos que la población juzgue estos actos", dijo el gerente y representante de la empresa Quipus.


El funcionario relató que el viernes por la tarde recibió una llamada de quien identificó como Grover Tarqui, quien le indicó que había un grupo de consultores de Cochabamba supuestamente contratados por la “oposición” quienes habrían almacenado denuncias contra Quipus y que habrían encontrado 17 irregularidades en la empresa.


“A cambio de que no se difunda esto me dijeron que me comunique con Juan Polo. Me solicitan 500 dólares más pasajes para dos de sus funcionarios, un pasaje para Tarija luego otro para Sucre y finalmente uno para La Paz. Me dijo que si yo le entrego los 500 dólares y pasajes el ya no pasará esa información de irregularidades a la prensa y demás autoridades", dijo el jefe de Quipus en rueda de prensa.


Señaló que en la primera llamada le pidieron comunicarse con el señor Juan Polo para hablar más del tema, pero al contactarse con esta persona descubrió que era el mismo Grover Tarqui, que estaba usando otro nombre.


El caso fue denunciado el sábado ante la Fiscalía. Cortez dijo que no permitirá la extorsión ni como persona o gerente de la empresa estatal en la que se investigan irregularidades.


También puede leer: Procesan a 5 exejecutivos de Quipus por un contrato de Bs 40,8 millones
(link: https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/30/procesan-exejecutivos-de-quipus-por-un-contrato-de-bs-408-millones-232581.html )



“La situación de nuestra empresa es saludable, en la tarde les comunicaremos los números a detalle. Nuestra empresa es transparente y si hubiera irregularidades o corrupción inmediatamente se actuará como la normativa lo exige. Actualmente la empresa está con una auditoria y por eso se convoco a ustedes” explicó la autoridad.



Agregó que Quipus goza de “buena salud” y que no se va a cerrar. Además compartió el audio en los grupos de whatsapp de periodistas.

Friday, October 4, 2019

Ministra admite déficit en Quipus, pero evita considerar su cierre



“Es una empresa con números bajos. Queremos que eso pueda mejorar, pero usted sabe muy bien que una ministra en seis a ocho meses no va a tener magia para sacarlo de números rojos hacia adelante”, dijo ayer la titular de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, sobre la situación de la estatal Quipus.

Consultada sobre si correspondería su cierre, Sifuentes dijo que confía en que con nuevas misiones asignadas la empresa mejorará en un año.

Desde su inauguración, Quipus es una empresa deficitaria y, además, tiene a cinco exejecutivos investigados por irregularidades en el proceso de adjudicación de partes por 40,8 millones de bolivianos.

Por ello, economistas y diputados opositores consideran que la firma debe cerrarse para que el Estado deje de subvencionarla. Al respecto, Sifuentes indicó que se analizó la situación de la estatal y para que pueda recuperarse se emitieron decretos supremos que le permiten ampliar sus funciones. “Hemos firmado convenios para que pueda ensamblar televisores, también ensamblar medidores inteligentes de gas, agua y electricidad”, dijo.

Con esas acciones, Sifuentes espera que Quipus pueda recuperarse en 2020 y aportar para el pago de bonos del Gobierno. “Estamos seguros de que si Quipus trabaja con estas nuevas tareas seguramente al año puede estar aportando para el pago del bono Juancito Pinto; depende de los propios funcionarios. Yo encuentro que a cada trabajador que espera su sueldo no le interesa mejorar”, indicó.

Agregó que también se realizan “ajustes” en la empresa, pero no detalló cuáles. La Ministra terminó la entrevista cuando se le consultó qué se haría con todos los celulares y computadoras que no se vendieron y que representan una pérdida para la empresa.

Se conoce que el 60 por ciento de la producción de celulares y computadoras no se llegó a vender y está almacenada.

De acuerdo a datos oficiales presentados por Quipus, en respuesta a la petición de informe 42/2017-2018, la estatal ensambló 27.750 celulares de la serie Tinku LTE y 3.000 de Heka 3G, pero sólo fueron vendidos 3.299 y 552, respectivamente.

Por otra parte, cinco exejecutivos son procesados por su participación en el proceso irregular de adjudicación por 40,8 millones de bolivianos.

El fiscal Edwin Enríquez informó el martes que la adquisición de partes y piezas para la fabricación de 40 mil celulares de los modelos Tinku LTE y Heka 3G fue realizada por adjudicación directa. Los equipos llegaron tarde y están almacenados.

Sifuentes indicó que se hallaron indicios de responsabilidad, por lo que ella cumplió con su obligación de procesarlos.


“Después de los procesos ya están varias personas en la cárcel, algunos con detención domiciliaria”.

QUIPUS PERDIÓ LICITACIÓN


En 2015 y con el propósito de participar de la licitación pública, convocada por Entel, para la provisión de 100 mil teléfonos móviles, Quipus realizó la compra directa de 40 mil kits de ensamblado de celulares por 40.890.000 bolivianos, con un plazo de 85 días para la entrega.

Sin embargo, en la primera fase de ese proceso de contratación pública, la propuesta que presentó Quipus fue descartada por la comisión de calificación de la telefónica estatal.

La empresa, sin embargo, ensambló 38.000 celulares, en los que gastó 39,1 millones de bolivianos, pese a perder la licitación.

Hasta 2017, Quipus almacenaba en sus depósitos más de 46 mil equipos

Hasta la gestión 2017, la Empresa Estatal Quipus tenía almacenados en sus depósitos 46.675 dispositivos, entre computadoras, tabletas y teléfonos celulares.

El dato corresponde a las respuestas entregadas por la firma a la petición de informe escrito (PIE) presentada en ese periodo por el diputado Amilcar Barral.

En detalle, el informe de la compañía pública especificaba que tenía almacenadas en depósitos 17.851 unidades de su computadora portátil Kuaa.

Entre sus modelos de ordenador portátil también indicó que tenía 185 computadoras Siwi. En el caso de las laptop Kurmi, conservaba 464 unidades.

Sobre la computadora portable Kuarahy, informó que tenía 500 dispositivos almacenados, aunque aclaró que había vendido 5.000 de ese modelo.

Tabletas y celulares


Respecto a las tabletas que tenía ensambladas y no salieron al mercado, Quipus declaró que en su stock almacenado disponía de 127 unidades del modelo Kunan, de 10 pulgadas, y 649 del tipo Kuti, de siete pulgadas.

El inventario entregado en 2017 reveló que los celulares eran de los dispositivos electrónicos ensamblados en su planta que menos circulación habían tenido en la venta al público.

De los móviles del modelo Heka (gama media) fabricó 3.000 unidades. Apenas había vendido 552 y guardaba 2.448 equipos.

Pero el caso más alarmante de la falta de circulación en el inventario de la estatal correspondía al celular modelo Tinku, de gama alta, del cual se habían ensamblado 27.750 unidades y sólo se vendieron 3.299 móviles.

Con esta relación de fabricación y venta, en los depósitos de Quipus se conservaba 24.451 dispositivos del celular Tinku.

La estatal gastó 39,1 millones de bolivianos en la adquisición de piezas para el ensamblado de 38.000 unidades de los modelos Tinku y Heka, los cuales ahora reposan en los depósitos.

Un stock millonario


Los 46.675 equipos que Quipus tenía almacenados en sus depósitos estaban valuados en 84,3 millones de bolivianos.

Para el diputado Barral, este stock es dinero perdido, porque los dispositivos de la industria tecnológica son más vulnerables a la depreciación.

“Hasta esa época los precios todavía eran elevados. La planilla de aquella vez mostraba montos altos, pero los teléfonos no se han movido más, no se han vendido. Como 30 diputados pedimos información actualizada, incluso quisimos entrar formalmente a la fábrica, pero no nos permitieron ingresar”, manifestó el legislador que siguió el caso.

Sólo en las computadoras Kuaa, los casi 18.000 equipos guardados en depósitos estaban valorados en 51 millones de bolivianos. Asimismo, los más de 24.000 celulares Tinku almacenados tenían un valor de 26 millones de la moneda nacional.

En el rango de precios de venta mínimo-máximo definido por los ejecutivos de Quipus para sus celulares Tinku se sugería comercializarlos entre 1.065 y 1.323 bolivianos, y de 890 a 1.079 bolivianos para los celulares Heka.

Sin embargo, Quipus remató esos equipos a 870 bolivianos, en el caso de los de gama alta, y 700 para los de gama intermedia.

“Se han invertido más de 500 millones de bolivianos en la instalación de esta empresa tecnológica, que trabaja a pérdida y paga altos salarios. Hemos pedido que se cierre, pero el Presidente ha instruido que siga produciendo computadoras para entregar a los colegios, eso es algo que de verdad preocupa”, manifestó el diputado opositor.

Planes y convenios

Ventas En su interpelación de septiembre de 2017, el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, aseguró que Quipus no trabaja a pérdida. Sostuvo que hasta entonces el sector privado había comprado 5.577 computadoras por 8,4 millones de bolivianos y las entidades públicas, como ministerios y otros, adquirieron 2.658 equipos por 9,2 millones de bolivianos.
Acuerdos El entonces ministro manifestó que los dispositivos ensamblados por la empresa estatal eran entregados con preferencia a los efectivos de las Fuerzas Armadas y los educadores del magisterio, ya que se habían firmado convenios para entregar los equipos con planes de pago, con descuentos por planilla y a precios promocionales de temporada.

Thursday, October 3, 2019

Quipus remató una parte de los celulares que no entregó a Entel

La Empresa Estatal Quipus remató una parte de los 38.000 celulares que ensambló para presentarse a la licitación de Entel, que perdió.

En un informe presentado en marzo de 2017 por las gerencias de la firma estatal al entonces gerente general de Quipus, Freddy M.R., se especifica que se tenían ensambladas 27.750 unidades del modelo de gama alta Tinku y otras 3.000 del Heka (media).

En ese reporte se detalla que el “rango de precios de venta mínimo-máximo” para esos dispositivos era 1.065-1.323 bolivianos para los Tinku, y 890-1.079 para los celulares modelo Heka.

Sin embargo, Quipus remató esos equipos a 870 bolivianos, en el caso de los Tinku, y 700 los Heka, como figura en un anuncio de la empresa pública que cuenta con el membrete del Ministerio de Desarrollo Productivo (foto).

“El costo de ensamblaje de cada celular ascendía a más de 1.200 bolivianos, cuando en el mercado se puede comprar un equipo (de esas características) a 800”, aseguró el senador Amílcar Barral, quien desde mediados del año pasado solicitó que la ministra del área, Nélida Sifuentes, explique las denuncias de corrupción en Quipus.

Página Siete informó el lunes que cinco exejecutivos de la firma estatal en la actualidad son procesados por la justicia por la adjudicación con irregularidades de un contrato de 40,8 millones de bolivianos, recursos destinados a la fabricación de los 40.000 celulares correspondientes a los modelos que fueron ensamblados y luego rematados.

Al final, de la cantidad proyectada, Quipus ensambló 38.000 dispositivos por problemas con el proveedor, en los que gastó 39,1 millones de bolivianos. Su idea era vender esos equipos a Entel, por medio de una licitación que perdió en primera fase.

No obstante, a pesar de que la propuesta fue inhabilitada de la convocatoria de la telefónica estatal, el proceso de contratación directa de Quipus para la compra de piezas prosiguió con la contratación directa de la empresa Rxart, que incumplió dos veces los plazos de entrega.

En consecuencia, se le aplicó una multa de 316 mil bolivianos, pero después de haberle desembolsado 39,1 millones de la moneda nacional, como consta en la denuncia penal presentada por el ministerio y el acta de recepción registrada por Quipus.

Barral acotó que de acuerdo con un informe de 2017, había más de 48.000 celulares y tabletas obsoletas almacenadas en los depósitos de la empresa.

El asambleísta hizo notar que ese stock supone una millonaria pérdida para el Estado, pues los dispositivos ya están obsoletos.


Los actos de corrupción que se investiga


Orden El 15 de septiembre de 2015, el gerente de producción de Quipus, Edgar G.F.M., solicitó contratar a Rxart para la provisión de 40.000 kits de ensamblado de los celulares Tinku y Heka, por un valor de Bs 40,8 millones.
Sospechas El proveedor aplazó en dos ocasiones la entrega de los componentes y, al final, dejó a Quipus un faltante de 2.000 piezas. A pesar del incumplimiento, recibió 39,1 millones de bolivianos en pago por el servicio prestado.