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Friday, May 25, 2018
Thursday, May 24, 2018
Bolivia pierde proceso contra chilena Quiborax y debe pagar $us 48,6 millones
El Comité ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó rechazar la solicitud de anulación del laudo arbitral por el cual el Estado boliviano debe pagar 48,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, como compensación a la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni en 2004.
El fallo del Comité fue notificado al Estado boliviano y a la firma chilena el pasado 18 de mayo y en él se “desestima en su totalidad la solicitud de anulación” presentada por Bolivia, luego de que el CIADI emitiera el fallo compensatorio a favor de Quiborax el 16 de septiembre de 2015.
Bolivia, encabezada por la Procuraduría General del Estado, había presentado ante el CIADI esta solicitud de anulación debido a “serias vulneraciones” que había encontrado en el fallo de 2015, relativas al debido proceso, extralimitación manifiesta de las facultades del Tribunal y la falta de motivación de las razones que fundaron el mismo.
De ahí que se conformó el Comité ad Hoc del CIADI para analizar el pedido boliviano y, tras dos años y ocho meses de proceso, emitió su fallo que beneficia a la firma del empresario trasandino Alan Fosk.
La controversia surgió durante la gestión del expresidente Carlos Mesa Gisbert, quien mediante Decreto Supremo 27589, de 23 de junio de 2004, anuló las 11 concesiones mineras de una empresa boliviana, Non-Metallic Minerals SA, en la que Quiborax tenía participación. Debido a esa situación, la empresa chilena interpuso la demanda contra el Estado ante el CIADI.
El fallo del Comité fue notificado al Estado boliviano y a la firma chilena el pasado 18 de mayo y en él se “desestima en su totalidad la solicitud de anulación” presentada por Bolivia, luego de que el CIADI emitiera el fallo compensatorio a favor de Quiborax el 16 de septiembre de 2015.
Bolivia, encabezada por la Procuraduría General del Estado, había presentado ante el CIADI esta solicitud de anulación debido a “serias vulneraciones” que había encontrado en el fallo de 2015, relativas al debido proceso, extralimitación manifiesta de las facultades del Tribunal y la falta de motivación de las razones que fundaron el mismo.
De ahí que se conformó el Comité ad Hoc del CIADI para analizar el pedido boliviano y, tras dos años y ocho meses de proceso, emitió su fallo que beneficia a la firma del empresario trasandino Alan Fosk.
La controversia surgió durante la gestión del expresidente Carlos Mesa Gisbert, quien mediante Decreto Supremo 27589, de 23 de junio de 2004, anuló las 11 concesiones mineras de una empresa boliviana, Non-Metallic Minerals SA, en la que Quiborax tenía participación. Debido a esa situación, la empresa chilena interpuso la demanda contra el Estado ante el CIADI.
Thursday, January 4, 2018
La privatización le costó $us 24.000 MM a Bolivia
La capitalización y privatización de empresas públicas, entre 1985 y 2005, por los gobiernos neoliberales le costó al país alrededor de $us 24.000 millones, de acuerdo con el tipo de cambio actual, informó el senador del MAS-IPSP Rubén Medinaceli.
En declaraciones a Cambio, el legislador miembro de la Comisión Especial Mixta de Investigación de ese proceso afirmó que ese monto se deriva de los ajustes realizados a la cotización del dólar.
En principio, mencionó que la cifra era de $us 10.000 millones por la enajenación de 212 empresas públicas.
“Ése es aproximadamente el valor, casi de un Producto Interno Bruto (PIB) anual comparado con lo que ocurre actualmente”, afirmó.
De acuerdo con el informe del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, la comisión legisladora hará público el informe en febrero.
En la oportunidad se presentará el pliego acusatorio contra quienes fueron responsables por la enajenación de las empresas públicas.
Medinaceli indicó que el informe conclusivo tendrá al menos tres mil páginas y estará dividido en varios capítulos.
El senador del Movimiento Al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos dijo que en el escrito se hace referencia a la capitalización y privatización, al desmantelamiento de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y los grupos de poder.
INVESTIGACIÓN
“Hemos investigado 212 empresas, de las que 156 han sido privatizadas y el resto entregadas en arrendamiento o a riesgo compartido”, afirmó.
En el caso de las estratégicas (YPFB, Comibol y Entel, entre las más importantes) todas fueron capitalizadas.
“En este caso hubo irregularidades, por eso a la Asamblea Legislativa le presentaremos proposiciones acusatorias contra los responsables porque le hicieron daño al país”, mencionó.
En la capitalización participaron cinco gobiernos: Víctor Paz Estenssoro (+) (1985-1989), Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Banzer Suárez (1997-2001) y Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003). El proceso habría sido cerrado bajo la presidencia de Carlos Mesa (2003-2005).
En cuanto a las empresas mineras, Medinaceli indicó que una gran parte fue transferida bajo la forma de riesgo compartido, pero en su mayoría llegaron a manos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Tuesday, December 12, 2017
Informe sobre privatizaciones se tratará en febrero de 2018
El presidente en ejercicio Álvaro García informó ayer que la Asamblea Legislativa Plurinacional postergó hasta febrero de 2018 el tratamiento de la resolución presentada por la comisión especial que investigó el período de privatización y capitalización en Bolivia.
“Se requiere por lo menos una semana de lectura (del informe), lo vamos hacer en febrero”, dijo en conferencia de prensa.
En octubre, el presidente de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización de las empresas estatales, Javier Zavaleta, informó que se identificaron a tres grupos de poder y 58 autoridades de alto nivel vinculados al proceso de privatización que se efectuó durante los gobiernos neoliberales.
García Linera prevé que la lectura del informe dure aproximadamente una semana porque se revisará caso por caso.
“Nos pasaremos aquí por lo menos mañana y tarde una semana, para tener la información completa, luego iniciar el debate; por eso, hemos decido que sea en febrero”, agregó.
“Se requiere por lo menos una semana de lectura (del informe), lo vamos hacer en febrero”, dijo en conferencia de prensa.
En octubre, el presidente de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización de las empresas estatales, Javier Zavaleta, informó que se identificaron a tres grupos de poder y 58 autoridades de alto nivel vinculados al proceso de privatización que se efectuó durante los gobiernos neoliberales.
García Linera prevé que la lectura del informe dure aproximadamente una semana porque se revisará caso por caso.
“Nos pasaremos aquí por lo menos mañana y tarde una semana, para tener la información completa, luego iniciar el debate; por eso, hemos decido que sea en febrero”, agregó.
Tuesday, October 17, 2017
Apuntan a exministros por privatización
Los exministerios de Planeamiento y de Capitalización fijaban los precios para la entrega de empresas nacionales.
Así reveló Óscar Arrien Sandoval, exdirector del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), durante su exposición en la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, en la Asamblea Legislativa.
Señaló que los exministerios de Planeamiento y de Capitalización fijaban los precios de remate, subasta o venta.
El avalúo de las compañías que posteriormente serían privatizadas se realizaba a través de consultorías contratadas por el FNDR y financiadas con recursos de un convenio de cooperación técnica no reembolsable entre el Estado boliviano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $us 1.145.000, según información proporcionada por la exautoridad.
Basado en la revelación de Arrien, el presidente de la comisión, diputado Javier Zavaleta, indicó que en el proceso de privatización “hay responsabilidades en los exministros”.
En esta etapa, Alfonso Revollo Thenier fungía como ministro sin cartera responsable de Capitalización y Samuel Doria Medina como ministro de Planeamiento y Coordinación.
Para el viernes 20 se espera la visita de Samuel Doria Medina, quien solicitó la reprogramación de su informe al igual que Santiago Nishizawa, exdirector jurídico del Ministerio de Capitalización.
Así reveló Óscar Arrien Sandoval, exdirector del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), durante su exposición en la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, en la Asamblea Legislativa.
Señaló que los exministerios de Planeamiento y de Capitalización fijaban los precios de remate, subasta o venta.
El avalúo de las compañías que posteriormente serían privatizadas se realizaba a través de consultorías contratadas por el FNDR y financiadas con recursos de un convenio de cooperación técnica no reembolsable entre el Estado boliviano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $us 1.145.000, según información proporcionada por la exautoridad.
Basado en la revelación de Arrien, el presidente de la comisión, diputado Javier Zavaleta, indicó que en el proceso de privatización “hay responsabilidades en los exministros”.
En esta etapa, Alfonso Revollo Thenier fungía como ministro sin cartera responsable de Capitalización y Samuel Doria Medina como ministro de Planeamiento y Coordinación.
Para el viernes 20 se espera la visita de Samuel Doria Medina, quien solicitó la reprogramación de su informe al igual que Santiago Nishizawa, exdirector jurídico del Ministerio de Capitalización.
Thursday, May 11, 2017
Bolivia indemnizará a española Abertis con $us 23 millones por nacionalización
Según Claros, el acuerdo es favorable para los intereses de Bolivia, tomando en cuenta que el monto a pagarse corresponde sólo al 26% de los cerca de 85 millones de dólares que el grupo empresarial español exigía por la nacionalización de sus acciones.
Fuente:EFE (Foto: ABI)
11 de Mayo de 2017
Bolivia indemnizará a española Abertis con $us 23 millones por nacionalización
El Gobierno de Bolivia firmó este jueves un "acuerdo transaccional definitivo" con la empresa española Abertis para pagarle una indemnización de 23 millones de dólares por la nacionalización en 2013 de su filial Sabsa, que gestionaba los tres principales aeropuertos del país andino.
El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, y el procurador general del Estado, Pablo Menacho, suscribieron el acuerdo con representantes de Abertis en oficinas del aeropuertos de la ciudad Cochabamba (centro), en un acto que contó con la presencia del embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez.
Menacho explicó que Abertis había reclamado a Bolivia en un proceso arbitral el pago de 85,5 millones de dólares, pero en las negociaciones se logró un convenio por el 26 % de ese monto.
"El Estado boliviano ha reducido en un 74 % el monto de la demanda. El Estado no va a pagar, absolutamente, ningún interés, no va a pagar ningún tipo de penalidad y va a cumplir con sus compromisos internacionales", enfatizó Menacho a los periodistas.
Agregó que con el acuerdo cancela el arbitraje iniciado por Abertis, pero sobre todo el Estado consolida "su derecho propietario sobre el patrimonio aeronáutico y aeroportuario boliviano".
"En ese sentido, esta controversia concluye exitosamente. Ha contado con un fuerte apoyo y un fuerte respaldo del Gobierno español a través de la embajada", sostuvo Menacho.
A la suscripción del acuerdo asistieron el secretario general de Abertis, Josep María Coronas, y el director de Relaciones Internacionales, Sergi Loughney, que prefirieron no hacer declaraciones a los medios sobre el convenio.
Claros dijo que el Gobierno del presidente Evo Morales hizo un análisis técnico y legal para tomar esa decisión y ha emitido los decretos para avalar el acuerdo alcanzado.
El presidente Evo Morales expropió en 2013 Sabsa, participada por Abertis (90 %) y Aena (10 %), que estaba a cargo de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (este), lo más grande del país.
Tras la firma, el "acuerdo transaccional definitivo" fue explicado a los medios solo por las autoridades bolivianas,
En su momento, el Gobierno de Morales justificó la nacionalización en que el consorcio español se comprometió a invertir 27 millones de dólares en las terminales aéreas, pero en 17 años de administración supuestamente ejecutó solo 1,9 millones, según esa versión.
Al contrario, Abertis replicó que sus inversiones en Bolivia entre 2005 y 2012 fueron de 13 millones de dólares, a los que habría que sumar los cánones de concesión, por unos 39 millones, y otros 8 millones más en impuestos, en total unos 60 millones de dólares.
Fuente:EFE (Foto: ABI)
11 de Mayo de 2017
Bolivia indemnizará a española Abertis con $us 23 millones por nacionalización
El Gobierno de Bolivia firmó este jueves un "acuerdo transaccional definitivo" con la empresa española Abertis para pagarle una indemnización de 23 millones de dólares por la nacionalización en 2013 de su filial Sabsa, que gestionaba los tres principales aeropuertos del país andino.
El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, y el procurador general del Estado, Pablo Menacho, suscribieron el acuerdo con representantes de Abertis en oficinas del aeropuertos de la ciudad Cochabamba (centro), en un acto que contó con la presencia del embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez.
Menacho explicó que Abertis había reclamado a Bolivia en un proceso arbitral el pago de 85,5 millones de dólares, pero en las negociaciones se logró un convenio por el 26 % de ese monto.
"El Estado boliviano ha reducido en un 74 % el monto de la demanda. El Estado no va a pagar, absolutamente, ningún interés, no va a pagar ningún tipo de penalidad y va a cumplir con sus compromisos internacionales", enfatizó Menacho a los periodistas.
Agregó que con el acuerdo cancela el arbitraje iniciado por Abertis, pero sobre todo el Estado consolida "su derecho propietario sobre el patrimonio aeronáutico y aeroportuario boliviano".
"En ese sentido, esta controversia concluye exitosamente. Ha contado con un fuerte apoyo y un fuerte respaldo del Gobierno español a través de la embajada", sostuvo Menacho.
A la suscripción del acuerdo asistieron el secretario general de Abertis, Josep María Coronas, y el director de Relaciones Internacionales, Sergi Loughney, que prefirieron no hacer declaraciones a los medios sobre el convenio.
Claros dijo que el Gobierno del presidente Evo Morales hizo un análisis técnico y legal para tomar esa decisión y ha emitido los decretos para avalar el acuerdo alcanzado.
El presidente Evo Morales expropió en 2013 Sabsa, participada por Abertis (90 %) y Aena (10 %), que estaba a cargo de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (este), lo más grande del país.
Tras la firma, el "acuerdo transaccional definitivo" fue explicado a los medios solo por las autoridades bolivianas,
En su momento, el Gobierno de Morales justificó la nacionalización en que el consorcio español se comprometió a invertir 27 millones de dólares en las terminales aéreas, pero en 17 años de administración supuestamente ejecutó solo 1,9 millones, según esa versión.
Al contrario, Abertis replicó que sus inversiones en Bolivia entre 2005 y 2012 fueron de 13 millones de dólares, a los que habría que sumar los cánones de concesión, por unos 39 millones, y otros 8 millones más en impuestos, en total unos 60 millones de dólares.
Thursday, May 4, 2017
Fijan metodología para investigar privatización
Fue aprobada la metodología que será aplicada para investigar la venta de 211 empresas estatales entre los años 1985 y 2005.
La diputada Romina Pérez (MAS-IPSP), integrante de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC) 1985-2005, informó que en la primera sesión, ayer, se aprobó la metodología para la investigación de la venta de 211 empresas estatales.
“Se trata de más de 80 mil documentos a ser revisados, que paulatinamente estarán a disposición de la población”, indicó.
La metodología aprobada por los legisladores consta de 11 capítulos, que serán desarrollados en sesiones durante dos meses.
La diputada indicó que la privatización de las empresas estatales será investigada en tres modalidades: la privatización que se realizó durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, la capitalización durante el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada y el cierre de empresas.
“En las tres modalidades se enajenaron 211 empresas estatales, entre estratégicas y no estratégicas. Se están aprobando estos documentos y sesionaremos en casi 20 ocasiones para presentar el informe final”, dijo.
Pérez señaló que la sistematización de los resultados se pondrá en conocimiento para emitir las conclusiones sobre la “nefasta política de los neoliberales”.
Los miembros de la Comisión Mixta establecieron que la privatización y capitalización de las empresas provocó un daño económico enorme al Estado.
La diputada Romina Pérez (MAS-IPSP), integrante de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC) 1985-2005, informó que en la primera sesión, ayer, se aprobó la metodología para la investigación de la venta de 211 empresas estatales.
“Se trata de más de 80 mil documentos a ser revisados, que paulatinamente estarán a disposición de la población”, indicó.
La metodología aprobada por los legisladores consta de 11 capítulos, que serán desarrollados en sesiones durante dos meses.
La diputada indicó que la privatización de las empresas estatales será investigada en tres modalidades: la privatización que se realizó durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, la capitalización durante el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada y el cierre de empresas.
“En las tres modalidades se enajenaron 211 empresas estatales, entre estratégicas y no estratégicas. Se están aprobando estos documentos y sesionaremos en casi 20 ocasiones para presentar el informe final”, dijo.
Pérez señaló que la sistematización de los resultados se pondrá en conocimiento para emitir las conclusiones sobre la “nefasta política de los neoliberales”.
Los miembros de la Comisión Mixta establecieron que la privatización y capitalización de las empresas provocó un daño económico enorme al Estado.
Monday, May 1, 2017
Bolivia afronta seis arbitrajes por más de $us 800 millones
La administración del presidente Evo Morales inició, en 2006, una serie de procesos de nacionalización y reversión de las empresas y áreas en favor del Estado lo que generó la instalación de procesos arbitrales en tribunales internacionales por parte de las compañías afectadas para solicitar la indemnización, al ver afectados sus intereses. A la fecha, Bolivia enfrenta seis arbitrajes por más de 800 millones de dólares, cuatro que están activos y dos en suspenso.
Caso Glencore
Entre 2007, 2010 y 2012, el Gobierno de Evo Morales expropió el Complejo Metalúrgico Vinto, la Planta de Antimonio Vinto y el centro minero de estaño de Colquiri. En agosto de 2016, se notifica al país sobre un proceso. Ese mismo mes, el Estado boliviano presentó su respuesta.
La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) ya definió al árbitro presidente pese a que no se constituyó el tribunal, pero una vez instituido se prevé el desarrollo de la primera audiencia procesal, en la que se definirá el calendario de las actuaciones procesales.
Caso South American Silver
Esta demanda se instauró por la reversión de 10 concesiones mineras a Mallku Khota. Dentro de las actuaciones, entre el 11 y 21 de julio de 2016, se llevó a cabo la audiencia de méritos en la ciudad de Washington. El 31 de octubre pasado, de manera simultánea, las partes presentaron sus Escritos Post-Audiencia.
El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Arbitral declaró cerradas las audiencias del procedimiento arbitral. Actualmente, se está a la espera de la emisión del laudo fina.
Caso Abertis Infraestructura S.A.
Presentó su notificación de arbitraje el 5 de mayo de 2011 ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). Según datos de la Procuraduría General del Estado (PGE), el 1 de marzo de 2017, se realizó la presentación de certificaciones sobre costos y se está a la espera de la emisión de laudo arbitral respectivo.
Caso Air BP
El 1 de mayo de 2009, el Gobierno nacionalizó Air BP (British Petroleum) Bolivia, propietaria de 12 estaciones de servicio de venta de jet fuel en los aeropuertos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni y Pando, que tuvo a su cargo desde diciembre de 2000.
Ante esa decisión, la compañía presentó la notificación de arbitraje el 17 de agosto de 2010, pero el caso está suspendido.
Caso Jindal Steel
Este es un arbitraje comercial-contractual entre la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y Jindal Steel Bolivia (JSB). La Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional de París (ICC) dispuso el 6 de agosto de 2014 el pago de 22,5 millones de dólares: 18 millones de dólares por la ejecución de las garantías y 4,5 millones de dólares de intereses. Posteriormente, inició una nueva demanda por la ejecución de una segunda boleta de garantía de 18 millones de dólares.
Según la Procuraduría, en 2016, la Empresa Siderúrgica Mutún y Jindal mantuvieron acercamientos amistosos, motivo por el cual el procedimiento arbitral estuvo temporalmente suspendido.
Dilatación en caso Quibórax
Otra demanda que se encuentra en suspenso es la interpuesta por Quiborax y Non Metallic, a raíz de la revocatoria de sus concesiones mineras en el país mediante Decreto Supremo 27489 de julio de 2004.
El 16 de septiembre de 2015, el Tribunal Arbitral emitió un Laudo final e instruye a Bolivia el pago de una indemnización por un monto de 48.619.578 dólares, más intereses.
El 21 de septiembre de 2015, el Estado boliviano presentó, una “Solicitud de Anulación del Laudo Arbitral”. El 21 de febrero de 2017, el Tribunal de Anulación dio la razón a Bolivia para mantener suspendida la ejecución del Laudo hasta la conclusión del procedimiento de anulación. Quiborax y Non Metallic Minerals presentaron su Contra Memoria de Anulación el 27 de febrero de este año. Bolivia presentó su Réplica de Anulación el 28 de abril; Quiborax y Non Metallic Minerals presentarán su Dúplica de Anulación el 27 de junio de 2017.
CASO ELFEC-COMTECO
A siete años de la “estatización”, la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 1178 del 29 de marzo de 2012 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debido a que hasta ahora el Estado no la indemnizó por la expropiación del 52 por ciento de las acciones de Elfec.
Según el procurador departamental en Cochabamba, Juan De la Cruz Vargas, el caso es supervisado desde la instancia que dirige, pero se deben esperar los resultados de los procesos para definir el pago de las acciones.
Las empresas Trabajadores Luz y Fuerza SA y Cochabambina de Electricidad SA, que dieron origen a Soelbo SA, encargada de la venta de acciones de Elfec a Comteco, fueron creadas por el bufete Mossack Fonseca (MF & Co), del escándalo de los papeles de Panamá, según escrituras a las que accedió este medio.
O QUE LA GENTE OPINA SOBRE EL TEMA
“De ningún modo mejoró la vida del ciudadano”
RENATO CÁCERES
Yo pienso que la nacionalización de ningún modo mejoró la vida del ciudadano común, creo que los políticos son los únicos beneficiados con ese proceso; yo soy un profesional que trabaja por sí mismo, pero no ejerciendo mi carrera. Tuve que buscar mi propio negocio y hasta ahora, gracias a Dios, me va bien, pero en nada me ha favorecido la supuesta nacionalización. Repito, eso beneficia sólo a los políticos de turno y a sus familias.
“En hidrocarburos sólo hubo una renegociación”
FRANZ REYNALDO REA
En el caso de los hidrocarburos, no ha existido ninguna nacionalización, sólo una renegociacion de los contratos a favor del Estado, en base a una ley que ya estaba aprobada antes del ingreso de Evo al Gobierno. Ahora más que nunca son mas dependientes de los precios internacionales, lo que explica la subida y bajada del Producto Interno Bruto (PIB).
“Debemos tener en cuenta tres cosas”
EDGAR GONZALES
Debemos tener en cuenta, tres cosas fundamentales: que el gas se estaba explotando cuando ingresó Evo como presidente, no tuvo que buscar ni perforar un solo pozo; los precios en el mercado estaban en su punto más alto en el momento de la nacionalización, y los gasoductos estaban tendidos exportándose.
“Hay un mejor desarrollo en el país”
ELIAS CÁCERES
Sí, carreteras, obras de alcantarillado, puentes, agua potable, desde que se ha nacionalizado las empresas grandes, hay un mejor desarrollo del país y las ganancias se quedan en Bolivia, sólo que deberían botar a las empresas chinas y optar por las empresas bolivianas para que esas ganancias se queden aquí y no se los lleven los extranjeros, esa es mi opinión.
“Tuvo resultados como los bonos”
APOLINAR PAYE MARCANI
Tuvo resultados como los bonos Juana Azurduy para las mujeres, Juancito Pinto para los niños y otros bonos. Claro que falta más la salud universal, infraestructuras viales; no sólo de parte del Gobierno sino también de las gobernaciones y alcaldías.
Caso Glencore
Entre 2007, 2010 y 2012, el Gobierno de Evo Morales expropió el Complejo Metalúrgico Vinto, la Planta de Antimonio Vinto y el centro minero de estaño de Colquiri. En agosto de 2016, se notifica al país sobre un proceso. Ese mismo mes, el Estado boliviano presentó su respuesta.
La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) ya definió al árbitro presidente pese a que no se constituyó el tribunal, pero una vez instituido se prevé el desarrollo de la primera audiencia procesal, en la que se definirá el calendario de las actuaciones procesales.
Caso South American Silver
Esta demanda se instauró por la reversión de 10 concesiones mineras a Mallku Khota. Dentro de las actuaciones, entre el 11 y 21 de julio de 2016, se llevó a cabo la audiencia de méritos en la ciudad de Washington. El 31 de octubre pasado, de manera simultánea, las partes presentaron sus Escritos Post-Audiencia.
El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Arbitral declaró cerradas las audiencias del procedimiento arbitral. Actualmente, se está a la espera de la emisión del laudo fina.
Caso Abertis Infraestructura S.A.
Presentó su notificación de arbitraje el 5 de mayo de 2011 ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). Según datos de la Procuraduría General del Estado (PGE), el 1 de marzo de 2017, se realizó la presentación de certificaciones sobre costos y se está a la espera de la emisión de laudo arbitral respectivo.
Caso Air BP
El 1 de mayo de 2009, el Gobierno nacionalizó Air BP (British Petroleum) Bolivia, propietaria de 12 estaciones de servicio de venta de jet fuel en los aeropuertos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni y Pando, que tuvo a su cargo desde diciembre de 2000.
Ante esa decisión, la compañía presentó la notificación de arbitraje el 17 de agosto de 2010, pero el caso está suspendido.
Caso Jindal Steel
Este es un arbitraje comercial-contractual entre la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y Jindal Steel Bolivia (JSB). La Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional de París (ICC) dispuso el 6 de agosto de 2014 el pago de 22,5 millones de dólares: 18 millones de dólares por la ejecución de las garantías y 4,5 millones de dólares de intereses. Posteriormente, inició una nueva demanda por la ejecución de una segunda boleta de garantía de 18 millones de dólares.
Según la Procuraduría, en 2016, la Empresa Siderúrgica Mutún y Jindal mantuvieron acercamientos amistosos, motivo por el cual el procedimiento arbitral estuvo temporalmente suspendido.
Dilatación en caso Quibórax
Otra demanda que se encuentra en suspenso es la interpuesta por Quiborax y Non Metallic, a raíz de la revocatoria de sus concesiones mineras en el país mediante Decreto Supremo 27489 de julio de 2004.
El 16 de septiembre de 2015, el Tribunal Arbitral emitió un Laudo final e instruye a Bolivia el pago de una indemnización por un monto de 48.619.578 dólares, más intereses.
El 21 de septiembre de 2015, el Estado boliviano presentó, una “Solicitud de Anulación del Laudo Arbitral”. El 21 de febrero de 2017, el Tribunal de Anulación dio la razón a Bolivia para mantener suspendida la ejecución del Laudo hasta la conclusión del procedimiento de anulación. Quiborax y Non Metallic Minerals presentaron su Contra Memoria de Anulación el 27 de febrero de este año. Bolivia presentó su Réplica de Anulación el 28 de abril; Quiborax y Non Metallic Minerals presentarán su Dúplica de Anulación el 27 de junio de 2017.
CASO ELFEC-COMTECO
A siete años de la “estatización”, la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 1178 del 29 de marzo de 2012 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debido a que hasta ahora el Estado no la indemnizó por la expropiación del 52 por ciento de las acciones de Elfec.
Según el procurador departamental en Cochabamba, Juan De la Cruz Vargas, el caso es supervisado desde la instancia que dirige, pero se deben esperar los resultados de los procesos para definir el pago de las acciones.
Las empresas Trabajadores Luz y Fuerza SA y Cochabambina de Electricidad SA, que dieron origen a Soelbo SA, encargada de la venta de acciones de Elfec a Comteco, fueron creadas por el bufete Mossack Fonseca (MF & Co), del escándalo de los papeles de Panamá, según escrituras a las que accedió este medio.
O QUE LA GENTE OPINA SOBRE EL TEMA
“De ningún modo mejoró la vida del ciudadano”
RENATO CÁCERES
Yo pienso que la nacionalización de ningún modo mejoró la vida del ciudadano común, creo que los políticos son los únicos beneficiados con ese proceso; yo soy un profesional que trabaja por sí mismo, pero no ejerciendo mi carrera. Tuve que buscar mi propio negocio y hasta ahora, gracias a Dios, me va bien, pero en nada me ha favorecido la supuesta nacionalización. Repito, eso beneficia sólo a los políticos de turno y a sus familias.
“En hidrocarburos sólo hubo una renegociación”
FRANZ REYNALDO REA
En el caso de los hidrocarburos, no ha existido ninguna nacionalización, sólo una renegociacion de los contratos a favor del Estado, en base a una ley que ya estaba aprobada antes del ingreso de Evo al Gobierno. Ahora más que nunca son mas dependientes de los precios internacionales, lo que explica la subida y bajada del Producto Interno Bruto (PIB).
“Debemos tener en cuenta tres cosas”
EDGAR GONZALES
Debemos tener en cuenta, tres cosas fundamentales: que el gas se estaba explotando cuando ingresó Evo como presidente, no tuvo que buscar ni perforar un solo pozo; los precios en el mercado estaban en su punto más alto en el momento de la nacionalización, y los gasoductos estaban tendidos exportándose.
“Hay un mejor desarrollo en el país”
ELIAS CÁCERES
Sí, carreteras, obras de alcantarillado, puentes, agua potable, desde que se ha nacionalizado las empresas grandes, hay un mejor desarrollo del país y las ganancias se quedan en Bolivia, sólo que deberían botar a las empresas chinas y optar por las empresas bolivianas para que esas ganancias se queden aquí y no se los lleven los extranjeros, esa es mi opinión.
“Tuvo resultados como los bonos”
APOLINAR PAYE MARCANI
Tuvo resultados como los bonos Juana Azurduy para las mujeres, Juancito Pinto para los niños y otros bonos. Claro que falta más la salud universal, infraestructuras viales; no sólo de parte del Gobierno sino también de las gobernaciones y alcaldías.
Sunday, January 22, 2017
Nacionalización, el hecho más significativo
La nacionalización de los hidrocarburos, el 1 de mayo de 2006, es, a decir del economista Pablo Cuba, uno de los hechos más significativos del gobierno del presidente Evo Morales.
“La nacionalización de los hidrocarburos, aprobada, el mismo día en que se celebraba el Día Internacional de los Trabajadores, tomó por sorpresa a la población por la forma tan reservada y cautelosa con que se trabajó su decreto”.
Este decreto, a juicio del docente universitario, cambió las reglas de juego con las empresas petroleras, planteó un plazo de negociación para la renovación de nuevos contratos y definió el papel de la empresa estatal en la explotación del principal recurso natural de exportación con que cuenta Bolivia.
Con esta medida, el gobierno de Morales sentó la base de su modelo económico y el papel del Estado, en el rubro de los hidrocarburos, y en sus relaciones con los países de la región, dando los primeros pasos frente al modelo económico de corte neoliberal que estuvo vigente por más de veinte años. De ahí que Morales consideró a ese acto como un reconocimiento a los trabajadores de Bolivia.
La reacción mundial fue inmediata frente a ese decreto de nacionalización, pero los que se consideraban más afectados por esa medida gubernamental fueron las empresas multinacionales Repsol y Petrobras, que recurrieron a sus gobiernos en España y Brasil.
En este corto período de Gobierno, 100 días, las acciones emprendidas en el campo social se basaron fundamentalmente en plantear propuestas de empleo de emergencia a través del programa social denominado “Pro-país”, que apuntó a generar un empleo más productivo con apoyo de la cooperación internacional y se vislumbró como una acción directa que buscó la superación de la pobreza, la expansión de los servicios públicos y la equidad social.
Por otra parte, a través de una resolución gubernamental se incrementó el salario mínimo vital y se llegó a eliminar la libre contratación vigente en Bolivia bajo la política neoliberal.
El resultado de esa acción provocó una reacción del sector empresarial, que señaló que el decreto que reconocía las indemnizaciones por despidos injustos y obligaba a la contratación con el salario mínimo afectaría la competitividad de las empresas. Sin embargo, de acuerdo con estudios realizados por diversas instituciones de investigación social, se comprobó que la libre contratación tuvo un efecto más negativo que positivo: durante muchos años afectó, sobre todo, a los grupos de bajos ingresos, que se vieron obligados a generar estrategias de vida en el sector informal, donde las actividades que realizan generan bajos ingresos. Sin embargo, por otra parte también es importante reconocer que en las áreas urbanas de Bolivia los ingresos promedio de las distintas categorías ocupacionales han subido de una manera relativamente significativa, sobre todo en el sector formal de la economía.
“La nacionalización de los hidrocarburos, aprobada, el mismo día en que se celebraba el Día Internacional de los Trabajadores, tomó por sorpresa a la población por la forma tan reservada y cautelosa con que se trabajó su decreto”.
Este decreto, a juicio del docente universitario, cambió las reglas de juego con las empresas petroleras, planteó un plazo de negociación para la renovación de nuevos contratos y definió el papel de la empresa estatal en la explotación del principal recurso natural de exportación con que cuenta Bolivia.
Con esta medida, el gobierno de Morales sentó la base de su modelo económico y el papel del Estado, en el rubro de los hidrocarburos, y en sus relaciones con los países de la región, dando los primeros pasos frente al modelo económico de corte neoliberal que estuvo vigente por más de veinte años. De ahí que Morales consideró a ese acto como un reconocimiento a los trabajadores de Bolivia.
La reacción mundial fue inmediata frente a ese decreto de nacionalización, pero los que se consideraban más afectados por esa medida gubernamental fueron las empresas multinacionales Repsol y Petrobras, que recurrieron a sus gobiernos en España y Brasil.
En este corto período de Gobierno, 100 días, las acciones emprendidas en el campo social se basaron fundamentalmente en plantear propuestas de empleo de emergencia a través del programa social denominado “Pro-país”, que apuntó a generar un empleo más productivo con apoyo de la cooperación internacional y se vislumbró como una acción directa que buscó la superación de la pobreza, la expansión de los servicios públicos y la equidad social.
Por otra parte, a través de una resolución gubernamental se incrementó el salario mínimo vital y se llegó a eliminar la libre contratación vigente en Bolivia bajo la política neoliberal.
El resultado de esa acción provocó una reacción del sector empresarial, que señaló que el decreto que reconocía las indemnizaciones por despidos injustos y obligaba a la contratación con el salario mínimo afectaría la competitividad de las empresas. Sin embargo, de acuerdo con estudios realizados por diversas instituciones de investigación social, se comprobó que la libre contratación tuvo un efecto más negativo que positivo: durante muchos años afectó, sobre todo, a los grupos de bajos ingresos, que se vieron obligados a generar estrategias de vida en el sector informal, donde las actividades que realizan generan bajos ingresos. Sin embargo, por otra parte también es importante reconocer que en las áreas urbanas de Bolivia los ingresos promedio de las distintas categorías ocupacionales han subido de una manera relativamente significativa, sobre todo en el sector formal de la economía.
Saturday, January 21, 2017
Empresa chilena acusa a Bolivia de alargar arbitraje
La empresa Quiborax, según una publicación del diario El Mercurio de Chile, denunció que Bolivia dilata el arbitraje que enfrenta por la expropiación de concesiones mineras de una filial de esa firma chilena ocurrida en 2004. Según la Procuraduría boliviana, continúan las negociaciones para lograr un acuerdo.
La empresa chilena Quibórax, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, solicitó en diciembre pasado que se reanudara la etapa de cumplimiento del fallo del tribunal arbitral que en septiembre de 2015 determinó el pago de una indemnización por 48.619.578 dólares, según un reportaje de El Mercurio.
En el artículo, la firma chilena Quibórax espera que el caso se resuelva en febrero de este año.
Hace más de 15 años, Allan Fosk, gerente de Quibórax veía crecer el negocio familiar con la exploración del mineral no metálico de ulexita, en Potosí, y lo hacía a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA, Pero en 2004, a tres años de que se inició la extracción todo cambió con la emisión del Decreto 27589 que establecía la revocatoria de las concesiones.
Según El Mercurio que accedió a uno de los capítulos del fallo del tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que transcribe una conversación entre expertos técnicos de los ministerios de Relaciones Exteriores, “el Gobierno boliviano puede intentar la defensa de sus decisiones. Lamentablemente la revocación de las concesiones mineras no está prevista en el Código de Minería por lo que dicha opción tiene una gran debilidad”.
Otro fragmento señala que “el Tribunal considera que la revocación de las concesiones de los demandante viola el derecho internacional”.
Según Rodrigo Gil, uno de los abogados de la defensa: “El fallo es contundente y reconoce que todo este tema fue ideado como un instrumento ante la Ciadi”. Respecto a la orden de suspensión del fallo del Tribunal, añade que “Existen pruebas contundentes de que la iniciativa es controlada totalmente desde el Estado boliviano y no por los tribunales”.
Respecto al tema, el procurador General del estado, Héctor Arce, sostuvo que a la fecha existe un proceso de negociación al margen de un proceso de arbitraje internacional en el caso.
En la rendición pública de cuentas de la Procuraduría General del Estado, sostuvo que se espera que se resuelva el tema en esta gestión. Afirmó que se trata de uno de los casos de nacionalización que más larga data tiene el país.
De 20 procesos en materia de arbitraje internacional que se iniciaron contra Bolivia por las nacionalizaciones entre 2004 y 2012, seis aún están vigentes.
Asimismo, se tiene 12 casos de arbitraje internacional que fueron cerrados por la Procuraduría. En el balance económico, el Procurador informó que de estos casos, el monto pretendido por resarcimientos ascendía los 3.404.000.000 dólares y que el monto pagado fue de 828.375.659, lo que representa un ahorro del 76 por ciento para el Estado.
COSTOS DEL PROCESO
El arbitraje por el caso Quiórax fue determinado por la Ciadi en cinco cuotas de las que no se define a cuánto asciende, pero que debió ser asumido por ambas partes (Quibórax y Bolivia). Según El Mercurio, el costo del proceso ascendió a cerca de 700 mil dólares y fue asumido por la empresa demandante. Añade que Bolivia sólo pagó la primera cuota, pero desde 2010 se negó a pagar las cuotas restantes.
La empresa chilena Quibórax, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, solicitó en diciembre pasado que se reanudara la etapa de cumplimiento del fallo del tribunal arbitral que en septiembre de 2015 determinó el pago de una indemnización por 48.619.578 dólares, según un reportaje de El Mercurio.
En el artículo, la firma chilena Quibórax espera que el caso se resuelva en febrero de este año.
Hace más de 15 años, Allan Fosk, gerente de Quibórax veía crecer el negocio familiar con la exploración del mineral no metálico de ulexita, en Potosí, y lo hacía a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA, Pero en 2004, a tres años de que se inició la extracción todo cambió con la emisión del Decreto 27589 que establecía la revocatoria de las concesiones.
Según El Mercurio que accedió a uno de los capítulos del fallo del tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que transcribe una conversación entre expertos técnicos de los ministerios de Relaciones Exteriores, “el Gobierno boliviano puede intentar la defensa de sus decisiones. Lamentablemente la revocación de las concesiones mineras no está prevista en el Código de Minería por lo que dicha opción tiene una gran debilidad”.
Otro fragmento señala que “el Tribunal considera que la revocación de las concesiones de los demandante viola el derecho internacional”.
Según Rodrigo Gil, uno de los abogados de la defensa: “El fallo es contundente y reconoce que todo este tema fue ideado como un instrumento ante la Ciadi”. Respecto a la orden de suspensión del fallo del Tribunal, añade que “Existen pruebas contundentes de que la iniciativa es controlada totalmente desde el Estado boliviano y no por los tribunales”.
Respecto al tema, el procurador General del estado, Héctor Arce, sostuvo que a la fecha existe un proceso de negociación al margen de un proceso de arbitraje internacional en el caso.
En la rendición pública de cuentas de la Procuraduría General del Estado, sostuvo que se espera que se resuelva el tema en esta gestión. Afirmó que se trata de uno de los casos de nacionalización que más larga data tiene el país.
De 20 procesos en materia de arbitraje internacional que se iniciaron contra Bolivia por las nacionalizaciones entre 2004 y 2012, seis aún están vigentes.
Asimismo, se tiene 12 casos de arbitraje internacional que fueron cerrados por la Procuraduría. En el balance económico, el Procurador informó que de estos casos, el monto pretendido por resarcimientos ascendía los 3.404.000.000 dólares y que el monto pagado fue de 828.375.659, lo que representa un ahorro del 76 por ciento para el Estado.
COSTOS DEL PROCESO
El arbitraje por el caso Quiórax fue determinado por la Ciadi en cinco cuotas de las que no se define a cuánto asciende, pero que debió ser asumido por ambas partes (Quibórax y Bolivia). Según El Mercurio, el costo del proceso ascendió a cerca de 700 mil dólares y fue asumido por la empresa demandante. Añade que Bolivia sólo pagó la primera cuota, pero desde 2010 se negó a pagar las cuotas restantes.
Wednesday, August 17, 2016
PGE cerró 11 casos por nacionalizaciones
La Procuraduría General del Estado (PGE) cerró 11 casos favorables para el país, mediante soluciones de controversias generadas por la nacionalización de empresas. Asimismo permitió un ahorro al Estado de más de 2.000 millones de dólares.
“Hasta la fecha y durante la gestión del procurador Héctor Arce, se han cerrado 11 casos y resaltamos que han sido en base a acuerdos de soluciones de controversias en el marco legal vigente”, dijo la subprocuradora Carmiña Llorenti, en el evento “Seminario Defensa Legal del Estado”, realizado en Sucre ante más de 300 servidores públicos del sector judicial, señala un comunicado de prensa del PGE.
Llorenti agregó que estos procesos de defensa legal del Estado, ante tribunales internacionales por procesos arbitrales que ha desarrollado la PGE, “han logrado un ahorro de más dos mil millones de dólares a Bolivia”.
Remarcó que el trabajo realizado por la PGE se ve reflejado en que de todos los arbitrajes o demandas que tuvo que enfrentar Bolivia después de la nacionalización, ninguno fue desfavorable para los intereses del Estado Plurinacional.
“La (PGE) está sentando las bases necesarias y referentes en la defensa legal del Estado, tanto a nivel nacional como internacional”, apuntó.
Monday, July 25, 2016
14 empresas nacionalizadas reportaron utilidades en 2015
En 2015, 14 empresas nacionalizadas reportaron utilidades y una -YPFB Chaco- registró pérdidas. Además, YPFB Corporación y Subsidiarias ganó menos que en 2014, según informes oficiales remitidos a la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) y de la estatal petrolera.
En el sector petrolero, YPFB Andina comunicó un beneficio de 180 millones de bolivianos (25,8 millones de dólares). Por su parte, YPFB Chaco registró una pérdida de 167 millones de bolivianos (23,9 millones de dólares) a diciembre 2015.
YPFB Transporte obtuvo una utilidad de 541 millones de bolivianos (77,6 millones de dólares) mientras que YPFB Transierra, 239 millones de bolivianos (34,2 millones de dólares).
YPFB Corporación y Subsidiarias reportó una disminución de utilidades de 71,9%, de acuerdo con datos oficiales de la firma difundidos en mayo.
En el caso de YPFB Transierra, un informe de AESA Ratings señala que el incremento en la capacidad de producción del Campo Margarita permitió el crecimiento de ingresos de la compañía en su línea de negocio de compresión de gas.
La empresa se dedica al transporte de gas natural desde Yacuiba hasta Río Grande. Allí se realiza la entrega del gas al gasoducto de Gas Trans Boliviano, que a su vez realiza el transporte hasta la frontera con Brasil.
Generación de energía
De acuerdo con datos reportados a la BBV, las generadoras de energía Guaracachi, Valle Hermoso y Corani, nacionalizadas en 2010, registraron utilidades por 29,3 millones de bolivianos (4,2 millones de dólares); 24,4 millones de bolivianos (3,5 millones de dólares) y 51,5 millones de bolivianos (7,3 millones de dólares), respectivamente en 2015.
El beneficio de Valle Hermoso se incrementó en 391,7% con respecto a 2014, indica ENDE en su memoria anual. Inyecta al Sistema Interconectado Nacional una potencia efectiva de 300,6 MW.
Guaracachi genera el 21,45% de la potencia efectiva del SIN y el año pasado incursionó en la generación hidroeléctrica con su participación en el proyecto múltiple San Jacinto.
Corani produce energía en las centrales hidroeléctricas de Corani y Santa Isabel, con dos unidades y mediante la operación de otras dos unidades en el parque eólico Qollpana.
Distribución de energía
En distribución de energía Elfeo de Oruro logró un beneficio de 26,6 millones de bolivianos (3,8 millones de dólares) y DelaPaz, 92,2 millones de bolivianos (13,2 millones de dólares). Las dos compañía fueron estatizadas en 2012. ELFEC de Cochabamba ganó 92 millones de bolivianos.
En los últimos tres años, las inversiones de Delapaz han sido en promedio superiores a los 150 millones de bolivianos anuales, por encima del 100% de la depreciación anual.
En el último trimestre de 2015 la empresa anunció la negociación de nuevos créditos con la banca por cerca de 126 millones de bolivianos con la finalidad de hacer frente a sus requerimientos de capital de inversión y de operaciones, sostiene un informe de AESA Ratings.
ENDE Transmisión (ex TDE nacionalizada en 2012) ganó 161,5 millones de bolivianos.
La compañía cuenta con el 54% de la red de transmisión eléctrica a nivel nacional, con presencia en seis de los nueve departamentos. La red de transmisión comprende líneas en 230 mil voltios, 115 mil voltios y 69.000 voltios, siendo la única empresa que cuenta con redes en las tres tensiones, con una totalidad de 2.357, 6 kilómetros.
Adicionalmente, la empresa genera ingresos por la prestación de servicios de mantenimiento, ingeniería y la provisión de equipos y repuestos
Industria
En el sector industrial, Fancesa alcanzó una ganancia de 178,9 millones de bolivianos (25,6 millones de dólares). En 2010, el Estado nacionalizó el 33,34% de acciones de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) en Soboce y las transfirió a la Gobernación de Chuquisaca.
AESA Ratings advierte en un informe que la demora de la empresa en la implementación de una nueva planta de cemento, acompañada de la puesta en marcha de la Planta Yacuses de Itacamba, podría llegar a afectar la posición de mercado de Fancesa, que cuenta con una participación de 50,7% del mercado cruceño, en donde comercializa el 57% de su producción.
En telecomunicaciones, Entel, que fue nacionalizada en 2009, se anotó un beneficio de 140 millones de dólares, informó su gerente Oscar Coca. La compañía es líder en ingresos y clientes.
Punto de Vista
"No tendría por qué cambiar”
Alberto Bonadona Economista
"Las empresas nacionalizadas son en su mayoría de servicios, especialmente aquellas que se encargan de la distribución eléctrica, que han sido beneficiadas por precios correlacionales con el mercado y sus servicios son requeridos por clientes cautivos; por lo tanto, no habría razón para que estas empresas presenten pérdidas.
El precio de la electricidad está fijado, puesto que las termoeléctricas que la producen reciben un subsidio muy elevado. Ello hace muy difícil que las empresas generadoras y transmisoras y distribuidoras de energía presenten perdidas. Mientras se mantengan ese subsidio, las empresas van a seguir generando ganancias.
Una situación similar se da en las empresas de telecomunicaciones y de transporte de hidrocarburos, que no son tan susceptibles a los movimientos del mercado ya que prestan servicios para diferentes rubros. Es decir que sus labores se extienden lo suficiente como para no ser afectadas por la crisis. Por lo tanto en los próximos años esta situación no tendría que cambiar. Es algo que se va a mantener
En el caso de la empresa petrolera YPFB Chaco, sus pérdidas se explican por la caída de los precios de los hidrocarburos que se registran en los últimos años en el ámbito mundial”.
En el sector petrolero, YPFB Andina comunicó un beneficio de 180 millones de bolivianos (25,8 millones de dólares). Por su parte, YPFB Chaco registró una pérdida de 167 millones de bolivianos (23,9 millones de dólares) a diciembre 2015.
YPFB Transporte obtuvo una utilidad de 541 millones de bolivianos (77,6 millones de dólares) mientras que YPFB Transierra, 239 millones de bolivianos (34,2 millones de dólares).
YPFB Corporación y Subsidiarias reportó una disminución de utilidades de 71,9%, de acuerdo con datos oficiales de la firma difundidos en mayo.
En el caso de YPFB Transierra, un informe de AESA Ratings señala que el incremento en la capacidad de producción del Campo Margarita permitió el crecimiento de ingresos de la compañía en su línea de negocio de compresión de gas.
La empresa se dedica al transporte de gas natural desde Yacuiba hasta Río Grande. Allí se realiza la entrega del gas al gasoducto de Gas Trans Boliviano, que a su vez realiza el transporte hasta la frontera con Brasil.
Generación de energía
De acuerdo con datos reportados a la BBV, las generadoras de energía Guaracachi, Valle Hermoso y Corani, nacionalizadas en 2010, registraron utilidades por 29,3 millones de bolivianos (4,2 millones de dólares); 24,4 millones de bolivianos (3,5 millones de dólares) y 51,5 millones de bolivianos (7,3 millones de dólares), respectivamente en 2015.
El beneficio de Valle Hermoso se incrementó en 391,7% con respecto a 2014, indica ENDE en su memoria anual. Inyecta al Sistema Interconectado Nacional una potencia efectiva de 300,6 MW.
Guaracachi genera el 21,45% de la potencia efectiva del SIN y el año pasado incursionó en la generación hidroeléctrica con su participación en el proyecto múltiple San Jacinto.
Corani produce energía en las centrales hidroeléctricas de Corani y Santa Isabel, con dos unidades y mediante la operación de otras dos unidades en el parque eólico Qollpana.
Distribución de energía
En distribución de energía Elfeo de Oruro logró un beneficio de 26,6 millones de bolivianos (3,8 millones de dólares) y DelaPaz, 92,2 millones de bolivianos (13,2 millones de dólares). Las dos compañía fueron estatizadas en 2012. ELFEC de Cochabamba ganó 92 millones de bolivianos.
En los últimos tres años, las inversiones de Delapaz han sido en promedio superiores a los 150 millones de bolivianos anuales, por encima del 100% de la depreciación anual.
En el último trimestre de 2015 la empresa anunció la negociación de nuevos créditos con la banca por cerca de 126 millones de bolivianos con la finalidad de hacer frente a sus requerimientos de capital de inversión y de operaciones, sostiene un informe de AESA Ratings.
ENDE Transmisión (ex TDE nacionalizada en 2012) ganó 161,5 millones de bolivianos.
La compañía cuenta con el 54% de la red de transmisión eléctrica a nivel nacional, con presencia en seis de los nueve departamentos. La red de transmisión comprende líneas en 230 mil voltios, 115 mil voltios y 69.000 voltios, siendo la única empresa que cuenta con redes en las tres tensiones, con una totalidad de 2.357, 6 kilómetros.
Adicionalmente, la empresa genera ingresos por la prestación de servicios de mantenimiento, ingeniería y la provisión de equipos y repuestos
Industria
En el sector industrial, Fancesa alcanzó una ganancia de 178,9 millones de bolivianos (25,6 millones de dólares). En 2010, el Estado nacionalizó el 33,34% de acciones de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) en Soboce y las transfirió a la Gobernación de Chuquisaca.
AESA Ratings advierte en un informe que la demora de la empresa en la implementación de una nueva planta de cemento, acompañada de la puesta en marcha de la Planta Yacuses de Itacamba, podría llegar a afectar la posición de mercado de Fancesa, que cuenta con una participación de 50,7% del mercado cruceño, en donde comercializa el 57% de su producción.
En telecomunicaciones, Entel, que fue nacionalizada en 2009, se anotó un beneficio de 140 millones de dólares, informó su gerente Oscar Coca. La compañía es líder en ingresos y clientes.
Punto de Vista
"No tendría por qué cambiar”
Alberto Bonadona Economista
"Las empresas nacionalizadas son en su mayoría de servicios, especialmente aquellas que se encargan de la distribución eléctrica, que han sido beneficiadas por precios correlacionales con el mercado y sus servicios son requeridos por clientes cautivos; por lo tanto, no habría razón para que estas empresas presenten pérdidas.
El precio de la electricidad está fijado, puesto que las termoeléctricas que la producen reciben un subsidio muy elevado. Ello hace muy difícil que las empresas generadoras y transmisoras y distribuidoras de energía presenten perdidas. Mientras se mantengan ese subsidio, las empresas van a seguir generando ganancias.
Una situación similar se da en las empresas de telecomunicaciones y de transporte de hidrocarburos, que no son tan susceptibles a los movimientos del mercado ya que prestan servicios para diferentes rubros. Es decir que sus labores se extienden lo suficiente como para no ser afectadas por la crisis. Por lo tanto en los próximos años esta situación no tendría que cambiar. Es algo que se va a mantener
En el caso de la empresa petrolera YPFB Chaco, sus pérdidas se explican por la caída de los precios de los hidrocarburos que se registran en los últimos años en el ámbito mundial”.
Saturday, July 9, 2016
Mitma pide nacionalizar "las industrias"
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) , el dirigente minero Guido Mitma, reclamó "reorientar el proceso de cambio" en su país nacionalizando "toda la minería, la industria y los hidrocarburos".
Mitma dijo que la reorientación de las reformas en Bolivia, que encabeza el presidente Evo Morales, debe ser para reafirmar que "los recursos naturales sean de beneficio para todos los trabajadores del país".
Según Mitma, eso se logrará nacionalizando "toda la minería, la industria, los hidrocarburos, que deben estar en manos del Estado".
No obstante, Morales ya anunció hace tiempo que el Gobierno no se plantea nuevas nacionalizaciones tras haber estatizado desde la gestión 2006 más de 20 empresas de hidrocarburos, electricidad, en la gestión de aeropuertos y telecomunicaciones, entre otros sectores.
Por el impacto económico que tuvo para el país, Morales siempre destacó la importancia de la nacionalización de los hidrocarburos que otorga a la petrolera YPFB el control de la cadena productiva, si bien permite operar a privados en exploración y explotación.
"Los trabajadores y la COB siempre van a velar los derechos laborales, las conquistas sociales: trabajo seguro y familia segura para todos los trabajadores del país", dijo.
Finalmente, Mitma lamentó que el Gobierno de Morales "últimamente minimizó bastante la lucha de los trabajadores", y acusó al Ejecutivo de romper el pacto con los obreros.
Mitma dijo que la reorientación de las reformas en Bolivia, que encabeza el presidente Evo Morales, debe ser para reafirmar que "los recursos naturales sean de beneficio para todos los trabajadores del país".
Según Mitma, eso se logrará nacionalizando "toda la minería, la industria, los hidrocarburos, que deben estar en manos del Estado".
No obstante, Morales ya anunció hace tiempo que el Gobierno no se plantea nuevas nacionalizaciones tras haber estatizado desde la gestión 2006 más de 20 empresas de hidrocarburos, electricidad, en la gestión de aeropuertos y telecomunicaciones, entre otros sectores.
Por el impacto económico que tuvo para el país, Morales siempre destacó la importancia de la nacionalización de los hidrocarburos que otorga a la petrolera YPFB el control de la cadena productiva, si bien permite operar a privados en exploración y explotación.
"Los trabajadores y la COB siempre van a velar los derechos laborales, las conquistas sociales: trabajo seguro y familia segura para todos los trabajadores del país", dijo.
Finalmente, Mitma lamentó que el Gobierno de Morales "últimamente minimizó bastante la lucha de los trabajadores", y acusó al Ejecutivo de romper el pacto con los obreros.
Monday, June 6, 2016
Bolivia alista defensa ante la demanda de Abertis
Una comisión de alto nivel encargada de la defensa de Bolivia ante la demanda internacional interpuesta por la Corporación Transnacional Abertis, se encuentra trabajando en Quito ( Ecuador), para la preparación del último escrito que el país presentará dentro del arbitraje internacional, indicaron desde la Procuraduría General del Estado (PGE).
La PGE explicó que debe recordarse que en diciembre de 2015, durante las audiencias finales del caso, celebradas en París el Tribunal Arbitral decidió reencauzar el juicio planteado por la española Abertis e incluir en el proceso los daños integrales causados por la empresa internacional en los aeropuertos de Cochabamba y Santa Cruz.
En ese sentido, la PGE sostuvo que como consecuencia de aquello, Bolivia presentará su último escrito para esta fase adicional, teniendo previsto realizar las audiencias conclusivas del caso en octubre de 2016.
Cabe recordar que en 2013 el Gobierno determinó la nacionalización del paquete accionario de la empresa SABSA, filial de la española Abertis y Aena, argumentando la falta de inversión para mejoras en los aeropuertos de eje troncal.
Sunday, May 1, 2016
Los empleos en empresas públicas crecieron 23 veces en una década
En 10 años, el número de ítems en las empresas públicas creció en al menos 23 veces, mientras que en la administración central se duplicó, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, publicados en su libro 10 años de economía boliviana.
En 2005 en las firmas estatales había 673 ítems, pero en 2015 aumentaron a 16.366, lo que significó que se multiplicó por 23 veces más (ver gráfica).
En similar periodo en la administración central el número de puestos laborales subió de 9.989 a 18.882 en 2015, un 89% más.
En total en el aparato público, que involucra a la administración departamental, municipal, universidades, salud, educación, Fuerzas Armadas, Policía y otras instituciones públicas, este número creció de 222.241 a 387.926, es decir un 74,5% más.
En el documento oficial se destaca que entre 2005 y 2015 se crearon 39.293 ítems en educación y 11.472 en salud.
Sólo en 2015 la planilla en ambos sectores representó el 53% del total en el sector público, precisa el libro.
El análisis justifica el crecimiento de funcionarios en las empresas públicas, debido a que con las nacionalizaciones, el Estado asumió la administración de empresas estratégicas como YPFB, Comibol, ENTEL y ENDE.
En 2013 el Gobierno atribuyó el incremento de personal a la creación de los ministerios de Transparencia, Autonomías, Culturas, Medio Ambiente y Agua y Comunicación.
El análisis
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Carlos Arze y el experto laboral Rodolfo Erostegui, coincidieron en señalar que en el caso de las empresas públicas, de los 16.366 puestos de trabajo, al menos 6.000 se reparten entre las empresas mineras de Huanuni, Colquiri y Enatex.
"En el caso de las empresas, de los casi 16.400 nuevos ítems, solo 6.200 corresponden a Huanuni, Colquiri y Enatex. A diferencia de Enatex, las empresas mineras obtuvieron utilidades todos los años, excepto en 2015 con Huanuni”, explicó Arze.
Por tanto, precisó que más de 10.000 (60%) corresponden a otras empresas y que el aumento claramente responde, según el orden, a las empresas públicas, administración departamental, municipal, las descentralizadas y administración central.
Observó que entre 2009 y 2013, por ejemplo en YPFB casa matriz (sin contar a las subsidiarias) se incrementó su personal.
Aunque también consideró que pocas empresas públicas generan utilidades, "según la Memoria 2014 del Ministerio de Economía, el 98,4% de las utilidades de las empresas públicas ‘en operación’ correspondía a YPFB, ENDE y Comibol”.
Para Erostegui con el alza de los precios de las materias primas desde 2006 y la estatización de empresas, hubo mayores ingresos y se demandó mayor cantidad de personal.
"En el caso de las empresas públicas el crecimiento es bastante enorme, porque pasa de 673 personas a 16.366, aunque también hay que relacionarlo con el número de empresas creadas. Pero queda la duda si todas las empresas como Comibol, YPFB y otros ameritan este número de personas”, cuestionó.
A su juicio es normal el aumento, pero si se hace un análisis por cada estatal como el de la minera Huanuni, antes de su nacionalización operaba con 800 mineros y ahora llega a 4.000 trabajadores con una misma producción, eso da cuenta que hay un excedente de unos 3.000 mineros.
"En el caso de Enatex si fuera privada la cerrarían y sin esa cantidad de trabajadores debería haber un total de 10.000 empleados en las empresas públicas”, calculó Erostegui.
En general, evaluó que en el aparato público la cantidad de puestos de trabajo creados es excesiva, ya que el
Estado en 2005 trabajaba con el mínimo indispensable, resultado de los recortes que se dieron entre 2003 y 2005.
"No creo que antes de esa reducción, por la crisis económica, el personal haya estado por encima de los 12.000 funcionarios, porque ahora pasa los 18.000. Entonces es un crecimiento excesivo principalmente por el comportamiento prebendal”, sostuvo.
Ambos expertos manifestaron que en el caso del personal para educación y salud, su crecimiento no es significativo. Por ejemplo en educación la tasa promedio anual es de 2,8%, similar a la expansión vegetativa de la población.
"Hay que considerar que pese a este incremento existe un evidente déficit de personal para atender estos servicios esenciales”, remarcó Arze.
Punto de vista
Beatriz muriel
Investigadora del Inesad
"Aumento debe ser igual a mejora”
El aumento del empleo en el sector público debe responder a la necesidad de mejorar, el acceso, cobertura y calidad, la provisión de todos los bienes y servicios otorgados por el sector público (como en salud, educación, leyes y seguridad).
El problema de este incremento radica en que, en la mayor parte de casos, no se conocen los cambios o mejoras que se realizaron en estos ámbitos.
En la mayoría de ellos hay poca transparencia, entonces queda la duda si realmente fue efectivo o no este aumento. Hay que insistir en la rendición de cuentas asociado al control social de las instituciones públicas. Por ejemplo, en Huanuni hay varias posiciones técnicas de que existe un sobredimensionamiento del empleo, lo que genera problemas de productividad y eficiencia.
En la parte de la provisión de servicios y bienes públicos es importante avanzar más en las gestiones por resultados, que es algo que se hace desde la Ley SAFCO, pero con muchas limitaciones.
En esta medida, los empleos dentro del sector público pueden ser más eficaces para resolver los múltiples problemas que hay en el país. En el caso de las empresas estatales, sería interesante la concentración de esfuerzos en sectores estratégicos y que sean dinamizadores para el desarrollo productivo. Pienso que falta una discusión real y abierta sobre este aspecto en particular.
En 2005 en las firmas estatales había 673 ítems, pero en 2015 aumentaron a 16.366, lo que significó que se multiplicó por 23 veces más (ver gráfica).
En similar periodo en la administración central el número de puestos laborales subió de 9.989 a 18.882 en 2015, un 89% más.
En total en el aparato público, que involucra a la administración departamental, municipal, universidades, salud, educación, Fuerzas Armadas, Policía y otras instituciones públicas, este número creció de 222.241 a 387.926, es decir un 74,5% más.
En el documento oficial se destaca que entre 2005 y 2015 se crearon 39.293 ítems en educación y 11.472 en salud.
Sólo en 2015 la planilla en ambos sectores representó el 53% del total en el sector público, precisa el libro.
El análisis justifica el crecimiento de funcionarios en las empresas públicas, debido a que con las nacionalizaciones, el Estado asumió la administración de empresas estratégicas como YPFB, Comibol, ENTEL y ENDE.
En 2013 el Gobierno atribuyó el incremento de personal a la creación de los ministerios de Transparencia, Autonomías, Culturas, Medio Ambiente y Agua y Comunicación.
El análisis
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Carlos Arze y el experto laboral Rodolfo Erostegui, coincidieron en señalar que en el caso de las empresas públicas, de los 16.366 puestos de trabajo, al menos 6.000 se reparten entre las empresas mineras de Huanuni, Colquiri y Enatex.
"En el caso de las empresas, de los casi 16.400 nuevos ítems, solo 6.200 corresponden a Huanuni, Colquiri y Enatex. A diferencia de Enatex, las empresas mineras obtuvieron utilidades todos los años, excepto en 2015 con Huanuni”, explicó Arze.
Por tanto, precisó que más de 10.000 (60%) corresponden a otras empresas y que el aumento claramente responde, según el orden, a las empresas públicas, administración departamental, municipal, las descentralizadas y administración central.
Observó que entre 2009 y 2013, por ejemplo en YPFB casa matriz (sin contar a las subsidiarias) se incrementó su personal.
Aunque también consideró que pocas empresas públicas generan utilidades, "según la Memoria 2014 del Ministerio de Economía, el 98,4% de las utilidades de las empresas públicas ‘en operación’ correspondía a YPFB, ENDE y Comibol”.
Para Erostegui con el alza de los precios de las materias primas desde 2006 y la estatización de empresas, hubo mayores ingresos y se demandó mayor cantidad de personal.
"En el caso de las empresas públicas el crecimiento es bastante enorme, porque pasa de 673 personas a 16.366, aunque también hay que relacionarlo con el número de empresas creadas. Pero queda la duda si todas las empresas como Comibol, YPFB y otros ameritan este número de personas”, cuestionó.
A su juicio es normal el aumento, pero si se hace un análisis por cada estatal como el de la minera Huanuni, antes de su nacionalización operaba con 800 mineros y ahora llega a 4.000 trabajadores con una misma producción, eso da cuenta que hay un excedente de unos 3.000 mineros.
"En el caso de Enatex si fuera privada la cerrarían y sin esa cantidad de trabajadores debería haber un total de 10.000 empleados en las empresas públicas”, calculó Erostegui.
En general, evaluó que en el aparato público la cantidad de puestos de trabajo creados es excesiva, ya que el
Estado en 2005 trabajaba con el mínimo indispensable, resultado de los recortes que se dieron entre 2003 y 2005.
"No creo que antes de esa reducción, por la crisis económica, el personal haya estado por encima de los 12.000 funcionarios, porque ahora pasa los 18.000. Entonces es un crecimiento excesivo principalmente por el comportamiento prebendal”, sostuvo.
Ambos expertos manifestaron que en el caso del personal para educación y salud, su crecimiento no es significativo. Por ejemplo en educación la tasa promedio anual es de 2,8%, similar a la expansión vegetativa de la población.
"Hay que considerar que pese a este incremento existe un evidente déficit de personal para atender estos servicios esenciales”, remarcó Arze.
Punto de vista
Beatriz muriel
Investigadora del Inesad
"Aumento debe ser igual a mejora”
El aumento del empleo en el sector público debe responder a la necesidad de mejorar, el acceso, cobertura y calidad, la provisión de todos los bienes y servicios otorgados por el sector público (como en salud, educación, leyes y seguridad).
El problema de este incremento radica en que, en la mayor parte de casos, no se conocen los cambios o mejoras que se realizaron en estos ámbitos.
En la mayoría de ellos hay poca transparencia, entonces queda la duda si realmente fue efectivo o no este aumento. Hay que insistir en la rendición de cuentas asociado al control social de las instituciones públicas. Por ejemplo, en Huanuni hay varias posiciones técnicas de que existe un sobredimensionamiento del empleo, lo que genera problemas de productividad y eficiencia.
En la parte de la provisión de servicios y bienes públicos es importante avanzar más en las gestiones por resultados, que es algo que se hace desde la Ley SAFCO, pero con muchas limitaciones.
En esta medida, los empleos dentro del sector público pueden ser más eficaces para resolver los múltiples problemas que hay en el país. En el caso de las empresas estatales, sería interesante la concentración de esfuerzos en sectores estratégicos y que sean dinamizadores para el desarrollo productivo. Pienso que falta una discusión real y abierta sobre este aspecto en particular.
La nacionalización nos devolvió dignidad y capacidad económica
La nacionalización de los hidrocarburos nos devolvió nuestra capacidad de desarrollo económico, de convertirnos en un polo energético, expresó ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta.
Además nos devolvió la dignidad, dijo Arce, al resaltar la decisión histórica que tomó el presidente Evo Morales el 1 de mayo de 2006 de nacionalizar los hidrocarburos.
“Somos una referencia económica en la región, tenemos una estabilidad y un crecimiento social extraordinario, tenemos una visión hacia el 2025 (con la Agenda Patriótica) de que no habrá extrema pobreza, vamos a ser una nación de gente que puede vivir bien”, expresó.
En otra parte de la entrevista concedida a Bolivia TV, afirmó que algunas de las cosas que se han hecho esta última década parecen mentira, como la demanda marítima planteada en el máximo tribunal de justicia que ha creado la humanidad. “Somos una nación diferente, son 10 años diferentes”, subrayó.
cinco nacionalizaciones
El Procurador del Estado dijo que además de la nacionalización de los hidrocarburos, otras nacionalizaciones son las de Transredes, la empresa transportadora de hidrocarburos, así como la empresa Chaco.
Otra nacionalización importante es la registrada el 10 de febrero de 2007, es la recuperación de la fundición de Vinto, posteriormente se nacionalizó Huanuni, después Colquiri.
El tercer sector de las nacionalizaciones, según Arce, tiene que ver con las telecomunicaciones, con Entel, que es una de las más exitosas, que fue una empresa entregada a inversionistas italianos. Una vez más fue el presidente Morales que propugnó su recuperación, y Entel generó más de 740 millones de dólares para el Estado.
La cuarta área de nacionalizaciones es la de servicios como Sabsa, que administraba los tres principales aeropuertos del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y se nacionalizó.
La quinta área es la de electricidad, y en el marco de que el acceso a la electricidad es un derecho humano fundamental, se nacionaliza toda la cadena de generación eléctrica, entre ellos Corani, Valle Hermoso, Huaracachi, “hoy día 30 de abril de 2016 (ayer), Bolivia no tiene ningún proceso por el tema eléctrico, hemos zanjado todos los procesos”.
“Bolivia es el país que más nacionalizaciones ha realizado, más beneficios ha obtenido de la nacionalización y es el país que menos conflictos legales tiene, y contrariamente a las voces agoreras que decían que la inversión se iba a ir de Bolivia, que iba a quedar aislada, hoy día Bolivia es un país que recibe inversión”, aseveró.
En esa línea, manifestó que el Estado “comulga con los empresarios nacionales y extranjeros sanos y honestos que quieren invertir, que nos ven como sus socios y ya no como sus subordinados, que aceptan la frase del presidente Evo Morales que resume la nueva visión del Estado: queremos socios no patrones, la riqueza es de los bolivianos y para los bolivianos”.
Saturday, April 30, 2016
Festejos pasan desapercibidos a 10 años de la nacionalización
A diferencia de otros años, de los festejos rimbombantes de algún acontecimiento, después de una década de la nacionalización al parecer pasará desapercibida.
Es la visión de tres analistas políticos, a vísperas del Día del Trabajo y a 10 años que el presidente Evo Morales decidió expropiar las empresas estratégicas del país.
Los expertos ven que se debe fundamentalmente a tres aspectos, la crisis económica que comienza a tener efectos en Bolivia, los conflictos sociales y las salpicaduras de corrupción a las altas esferas gubernamentales. Tomando como ejemplo la malversación de los recursos del ex Fondo Indígena y el supuesto tráfico de influencias con la empresa CAMC tras el escándalo sentimental entre el mandatario y su expareja Gabriela Zapata.
Hay demasiados ruidos en el escenario político. La politóloga Erika Brockmann argumentó que una de las causas del perfil bajo de los festejos de la nacionalización, es que hay demasiados ruidos en el escenario político.
"Aunque llama la atención que acontecimientos de esta naturaleza han sido celebrados con alta resonancia por su impacto social, ahora no pasa nada", manifestó.
Brockmann mencionó que otro de los factores sociales que posiblemente afectó es la tensión de las movilizaciones sociales con las personas con discapacidad, demanda que conmovió a la población boliviana.
Sumado a ello, el derroche y la malversación de los recursos del Fondo Indígena, el escándalo del supuesto tráfico de influencias con la empresa CAMC y en síntesis, la falta de transparencia de la gestión pública.
Conflictos sociales y corrupción. En esa línea, el experto Paúl Artunduaga, apuntó que los conflictos sociales y la corrupción marcaron la agenda de la gestión gubernamental. Mencionó que la movilización de los discapacitados y todavía la trascendencia mediática del problema con Zapata, distrajo a la gestión de Morales, que nunca dejaba pasar los festejos de lo que fue la bandera ideológica del MAS como es la nacionalización. Artunduaga comentó que otros aspectos son las actitudes erráticas de su equipo de ministros, que en lugar de ayudar al Jefe de Estado, lo están perjudicando.
Dijo que adicionalmente han convertido al mandatario en dictador e insensible, con el único interés de generar cálculo político a pesar de tener una imagen desgastada.
Crisis tangible. Asimismo, el analista político Steven Herrera, puntualizó que el pasar desapercibido un acontecimiento que fue el emblema ideológico del masismo, es porque se hace tangible la crisis económica y social en el territorio nacional. "A una década estamos en circunstancias diferentes, es más perceptible los efectos de la caída de los precios de los hidrocarburos y que la crisis económica deje relegado el aspecto ideológico", mencionó. Considera que los hechos de corrupción y los escándalos del entorno palaciego, afectó la gestión del MAS, a pesar de pretender contrarrestar con políticas mediáticas.
Es la visión de tres analistas políticos, a vísperas del Día del Trabajo y a 10 años que el presidente Evo Morales decidió expropiar las empresas estratégicas del país.
Los expertos ven que se debe fundamentalmente a tres aspectos, la crisis económica que comienza a tener efectos en Bolivia, los conflictos sociales y las salpicaduras de corrupción a las altas esferas gubernamentales. Tomando como ejemplo la malversación de los recursos del ex Fondo Indígena y el supuesto tráfico de influencias con la empresa CAMC tras el escándalo sentimental entre el mandatario y su expareja Gabriela Zapata.
Hay demasiados ruidos en el escenario político. La politóloga Erika Brockmann argumentó que una de las causas del perfil bajo de los festejos de la nacionalización, es que hay demasiados ruidos en el escenario político.
"Aunque llama la atención que acontecimientos de esta naturaleza han sido celebrados con alta resonancia por su impacto social, ahora no pasa nada", manifestó.
Brockmann mencionó que otro de los factores sociales que posiblemente afectó es la tensión de las movilizaciones sociales con las personas con discapacidad, demanda que conmovió a la población boliviana.
Sumado a ello, el derroche y la malversación de los recursos del Fondo Indígena, el escándalo del supuesto tráfico de influencias con la empresa CAMC y en síntesis, la falta de transparencia de la gestión pública.
Conflictos sociales y corrupción. En esa línea, el experto Paúl Artunduaga, apuntó que los conflictos sociales y la corrupción marcaron la agenda de la gestión gubernamental. Mencionó que la movilización de los discapacitados y todavía la trascendencia mediática del problema con Zapata, distrajo a la gestión de Morales, que nunca dejaba pasar los festejos de lo que fue la bandera ideológica del MAS como es la nacionalización. Artunduaga comentó que otros aspectos son las actitudes erráticas de su equipo de ministros, que en lugar de ayudar al Jefe de Estado, lo están perjudicando.
Dijo que adicionalmente han convertido al mandatario en dictador e insensible, con el único interés de generar cálculo político a pesar de tener una imagen desgastada.
Crisis tangible. Asimismo, el analista político Steven Herrera, puntualizó que el pasar desapercibido un acontecimiento que fue el emblema ideológico del masismo, es porque se hace tangible la crisis económica y social en el territorio nacional. "A una década estamos en circunstancias diferentes, es más perceptible los efectos de la caída de los precios de los hidrocarburos y que la crisis económica deje relegado el aspecto ideológico", mencionó. Considera que los hechos de corrupción y los escándalos del entorno palaciego, afectó la gestión del MAS, a pesar de pretender contrarrestar con políticas mediáticas.
Saturday, April 16, 2016
La nacionalización dio $us 31.500 millones
El sector de los hidrocarburos en Bolivia, nacionalizado el 1 de mayo de 2006, generó 31.500 millones de dólares para las arcas públicas en la última década, afirmó ayer el presidente de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, según EFE
El máximo responsable de YPFB destacó, en declaraciones a medios estatales, que durante los diez años anteriores a la nacionalización, los ingresos fiscales derivados de la explotación de los hidrocarburos fueron de 2.500 millones de dólares
Achá afirmó que el Estado invertirá 12.400 millones de dólares en el sector durante el próximo quinquenio, hasta 2020.
El máximo responsable de YPFB destacó, en declaraciones a medios estatales, que durante los diez años anteriores a la nacionalización, los ingresos fiscales derivados de la explotación de los hidrocarburos fueron de 2.500 millones de dólares
Achá afirmó que el Estado invertirá 12.400 millones de dólares en el sector durante el próximo quinquenio, hasta 2020.
Sunday, April 3, 2016
El presidente Evo habla otra vez de nacionalizar más empresas
El presidente Evo Morales volvió a hablar, después de varios años, de hacer nuevas nacionalizaciones. Esta declaración la hizo ayer durante su discurso en la Cumbre de los Trabajadores y Movimientos Sociales en el coliseo de la Coronilla José Casto Méndez.
Evo Morales dijo que llevan adelante todo un programa con miras a fortalecer la agenda 2025 para favorecer a las nuevas generaciones.
“Tenemos que acelerar cómo podemos ampliar nuestro aparato productivo, ése será otro debate que tengamos a fin de año (en otra cumbre)... ahora hay que repasar qué se ha cumplido, qué hay que mejorar o qué hay que parir: nuevos programas sociales, programas productivos, nuevas empresas estatales o qué más hay que nacionalizar todavía”, dijo el Mandatario.
PEDIDO Cinco horas después del discurso de Morales y durante la conclusión de la Cumbre de sectores afines al Gobierno, los representantes de los denominados movimientos sociales y dirigentes de trabajadores, entre ellos de la Central Obrera Boliviana (COB), emitieron un documento de 16 puntos. En él, le pidieron al Presidente nuevas nacionalizaciones y lograr la solidaridad internacional para recuperar el mar y las aguas del Silala.
El presidente de la dirección departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, señaló que de acuerdo a los informes verán “si hay todavía empresas privadas que están perjudicando el crecimiento económico del pueblo boliviano o no están respondiendo a la necesidad económica del país. Estas empresas serán estatizadas, de acuerdo a la Constitución Política del Estado”.
Sobre la Planta Industrializadora de Leche (PIL), actualmente en conflicto con sus proveedores, dijo que “sufrirá un debate y análisis y de ello va depender mucho su situación económica. Se verificará cuál es su comportamiento social, técnico y jurídico- legal con los trabajadores”.
Loza no específico cuáles empresas podrían ser nacionalizadas, pero aseguró que van a respetar las empresas constitucionalmente formadas y las que estén cumpliendo con las normas. “Si hay empresas que están violando las normas, tendremos que nacionalizarlas”.
Señaló que van a esperar con paciencia las evaluaciones de éstas en los diferentes departamentos.
El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, dijo que la primera tarea del Gobierno es nacionalizar principalmente la industria de los textiles y nuevas áreas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para generar nuevos empleos.
LIDERAZGO Loza dijo que otra de las conclusiones de la Cumbre es garantizar la continuidad del proceso y del presidente Morales en el cargo. “Para ello, la manera de hacerlo es a través de la unidad de todos los sectores bolivianos, respetando los términos constitucionales y jurídicos. No descartamos la candidatura del Presidente en 2019”, añadió.
REDES SOCIALES En la Cumbre, Morales volvió a reiterar que su partido busca elaborar estrategias políticas de cara a la nuevas elecciones de 2019. Dijo que el MAS se prepara para derrotar a la derecha nacional e internacional usando las redes sociales.
“No habíamos estado preparados para el 21 de febrero (referéndum) para enfrentar a algunos medios, especialmente a las redes sociales”.
16 conclusiones de la Cumbre Nacional
La Cumbre Nacional de los Trabajadores y Movimientos Sociales emitió un documento con 16 conclusiones:
1. Unidad de los trabajadores a nivel nacional e internacional.
2. Estructurar una poderosa alianza entre obreros, campesinos, indígenas y clases medias empobrecidas.
3. Nuevas nacionalizaciones y estatizaciones para los bolivianos.
4. Solidaridad con los pueblos y países oprimidos por el imperialismo.
5. Fortalecer a los gobiernos progresistas.
6. Declarar enemigos al imperialismo y a las oligarquías políticas.
7. Pedir la solidaridad internacional para nuestra reivindicación marítima y la recuperación de las aguas del Silala.
8. Evaluación a ministros y funcionarios públicos que se dan a la tarea de perjudicar el proceso de transformación.
9. Ampliación del empleo digno con salarios dignos, con justicia y equidad.
10. Inclusión de los trabajadores informales a los sectores formales o asalariados.
11. Se declara estado de emergencia ante cualquier intento de desestabilización económica, social o política.
12. Fortalecer la escuela sindical.
13. Sensibilizar la economía del país.
14. Profesionalización, empleo y salud.
15. Pleno respaldo, fortalecimiento y defensa del proceso de cambio.
16. Exigir de manera profunda e inmediata la investigación de fortunas de los exgobernantes y de otros en periodos neoliberales.
Evo Morales dijo que llevan adelante todo un programa con miras a fortalecer la agenda 2025 para favorecer a las nuevas generaciones.
“Tenemos que acelerar cómo podemos ampliar nuestro aparato productivo, ése será otro debate que tengamos a fin de año (en otra cumbre)... ahora hay que repasar qué se ha cumplido, qué hay que mejorar o qué hay que parir: nuevos programas sociales, programas productivos, nuevas empresas estatales o qué más hay que nacionalizar todavía”, dijo el Mandatario.
PEDIDO Cinco horas después del discurso de Morales y durante la conclusión de la Cumbre de sectores afines al Gobierno, los representantes de los denominados movimientos sociales y dirigentes de trabajadores, entre ellos de la Central Obrera Boliviana (COB), emitieron un documento de 16 puntos. En él, le pidieron al Presidente nuevas nacionalizaciones y lograr la solidaridad internacional para recuperar el mar y las aguas del Silala.
El presidente de la dirección departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, señaló que de acuerdo a los informes verán “si hay todavía empresas privadas que están perjudicando el crecimiento económico del pueblo boliviano o no están respondiendo a la necesidad económica del país. Estas empresas serán estatizadas, de acuerdo a la Constitución Política del Estado”.
Sobre la Planta Industrializadora de Leche (PIL), actualmente en conflicto con sus proveedores, dijo que “sufrirá un debate y análisis y de ello va depender mucho su situación económica. Se verificará cuál es su comportamiento social, técnico y jurídico- legal con los trabajadores”.
Loza no específico cuáles empresas podrían ser nacionalizadas, pero aseguró que van a respetar las empresas constitucionalmente formadas y las que estén cumpliendo con las normas. “Si hay empresas que están violando las normas, tendremos que nacionalizarlas”.
Señaló que van a esperar con paciencia las evaluaciones de éstas en los diferentes departamentos.
El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, dijo que la primera tarea del Gobierno es nacionalizar principalmente la industria de los textiles y nuevas áreas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para generar nuevos empleos.
LIDERAZGO Loza dijo que otra de las conclusiones de la Cumbre es garantizar la continuidad del proceso y del presidente Morales en el cargo. “Para ello, la manera de hacerlo es a través de la unidad de todos los sectores bolivianos, respetando los términos constitucionales y jurídicos. No descartamos la candidatura del Presidente en 2019”, añadió.
REDES SOCIALES En la Cumbre, Morales volvió a reiterar que su partido busca elaborar estrategias políticas de cara a la nuevas elecciones de 2019. Dijo que el MAS se prepara para derrotar a la derecha nacional e internacional usando las redes sociales.
“No habíamos estado preparados para el 21 de febrero (referéndum) para enfrentar a algunos medios, especialmente a las redes sociales”.
16 conclusiones de la Cumbre Nacional
La Cumbre Nacional de los Trabajadores y Movimientos Sociales emitió un documento con 16 conclusiones:
1. Unidad de los trabajadores a nivel nacional e internacional.
2. Estructurar una poderosa alianza entre obreros, campesinos, indígenas y clases medias empobrecidas.
3. Nuevas nacionalizaciones y estatizaciones para los bolivianos.
4. Solidaridad con los pueblos y países oprimidos por el imperialismo.
5. Fortalecer a los gobiernos progresistas.
6. Declarar enemigos al imperialismo y a las oligarquías políticas.
7. Pedir la solidaridad internacional para nuestra reivindicación marítima y la recuperación de las aguas del Silala.
8. Evaluación a ministros y funcionarios públicos que se dan a la tarea de perjudicar el proceso de transformación.
9. Ampliación del empleo digno con salarios dignos, con justicia y equidad.
10. Inclusión de los trabajadores informales a los sectores formales o asalariados.
11. Se declara estado de emergencia ante cualquier intento de desestabilización económica, social o política.
12. Fortalecer la escuela sindical.
13. Sensibilizar la economía del país.
14. Profesionalización, empleo y salud.
15. Pleno respaldo, fortalecimiento y defensa del proceso de cambio.
16. Exigir de manera profunda e inmediata la investigación de fortunas de los exgobernantes y de otros en periodos neoliberales.
Wednesday, February 10, 2016
Arce dice que Bolivia está libre de juicios por nacionalizaciones
Bolivia ya no tiene procesos pendientes por la nacionalización de hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones, afirmó el procurador general del Estado, Héctor Arce
"La nacionalización de los hidrocarburos que nos deja miles y millones de dólares a los bolivianos es una nacionalización totalmente saneada, no existe ningún proceso", afirmó Arce según Xinhua
El procurador general del Estado señaló que el gobierno cumplió con el pago a todas las empresas de los sectores de hidrocarburos, energía y telecomunicaciones
Según el funcionario, en el área de hidrocarburos se pagó a la empresa Panamerican Energy la suma de 350 millones de dólares, una cifra cinco veces menor a la que pidió por la nacionalización
Arce subrayó que la exploración, la explotación, el transporte, el consumo y la distribución y todas las ganancias que genera esta cadena productiva de hidrocarburos es totalmente de los bolivianos y que el próximo 1 de mayo se festejan 10 años de la "gran nacionalización"
En cuanto a la cadena de producción, generación y distribución de electricidad se llegó a un acuerdo con las generadoras Corani, Valle Hermoso y la Empresa Eléctrica Guaracachi y con las españolas Red Eléctrica de España e Iberdrola, recuerda Xinhua
En el otro sector, el Estado boliviano pagó por la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) 100 millones de dólares a la italiana Eurocom.
"La nacionalización de los hidrocarburos que nos deja miles y millones de dólares a los bolivianos es una nacionalización totalmente saneada, no existe ningún proceso", afirmó Arce según Xinhua
El procurador general del Estado señaló que el gobierno cumplió con el pago a todas las empresas de los sectores de hidrocarburos, energía y telecomunicaciones
Según el funcionario, en el área de hidrocarburos se pagó a la empresa Panamerican Energy la suma de 350 millones de dólares, una cifra cinco veces menor a la que pidió por la nacionalización
Arce subrayó que la exploración, la explotación, el transporte, el consumo y la distribución y todas las ganancias que genera esta cadena productiva de hidrocarburos es totalmente de los bolivianos y que el próximo 1 de mayo se festejan 10 años de la "gran nacionalización"
En cuanto a la cadena de producción, generación y distribución de electricidad se llegó a un acuerdo con las generadoras Corani, Valle Hermoso y la Empresa Eléctrica Guaracachi y con las españolas Red Eléctrica de España e Iberdrola, recuerda Xinhua
En el otro sector, el Estado boliviano pagó por la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) 100 millones de dólares a la italiana Eurocom.
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