El caso del fallo internacional que resuelve que Bolivia pague 50 millones de dólares a Quiborax, por concepto de indemnización, es uno de los siete procesos vigentes que el Estado afronta por la nacionalización. Se calcula que por el total de las demandas se deba pagar 880.1 millones de dólares.
El procurador general, Héctor Arce dijo que, además de Quiborax, se ventila proceso con la firma canadiense South American Silver por la reversión a la concesión de la mina Mallku Khota (Potosí). Demanda indemnización por 370 millones de dólares. En agosto de 2012, el Gobierno procedió a la reversión del yacimiento minero a favor del Estado mediante el Decreto Supremo 1308.
Otros dos procesos paralizados son los que inició BP Global - BP International - BP Asia, en el marco de la nacionalización de los combustibles para la aeronavegación en mayo de 2009. El siguiente corresponde a la minera Glencore por la reversión de la Empresa Minera Colquiri (La Paz) de la que era concesionaria.
Los tres últimos procesos pueden ser concluidos este año con “acuerdos beneficiosos para el país”, dijo Arce y explicó que el proceso de la nacionalización pasa por una evaluación en donde la empresa expresa su acuerdo o no sobre lo que Bolivia ofrece.
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