Las empresas estatales, muchas de las cuales dependen del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas (Sedem), son deficitarias y sus ingresos dependen del subsidio de lactancia. Sólo algunas, como Cartonbol, reportan utilidad y tienen un mercado y futuro.
La evaluación fue realizada por Jaime Aliaga, exgerente del Sedem, que estuvo al frente de esta entidad desde finales de noviembre de 2019 hasta el 22 de abril de este año. Para la creación de estas empresas se utilizaron recursos de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que fueron al Finpro, créditos del Banco Central y del Tesoro.
Balances oficiales del Sedem reflejan por ejemplo que Cartonbol el año pasado reportó una utilidad de 4,5 millones de bolivianos, superior a los 1,1 millones de bolivianos de 2018.
La Empresa Productiva de Semillas reportó 15,5 millones de bolivianos de pérdida en 2019.
La Empresa de Abonos y Fertilizantes tuvo un resultado negativo de 9,6 millones de bolivianos. Por su lado, la Empresa Productiva de Envases de Vidrio (Envibol) reportó 11,3 millones de bolivianos de cifras rojas.
Según Aliaga, Cartonbol puede subsistir, ya que tiene un mercado en otras empresas públicas como Emapa, además de empresas privadas. Pero no tiene más espacio físico para crecer, aunque tiene deudas.
En el caso de la Empresa de Abonos y Fertilizantes, Aliaga observa que el 95% de sus ingresos provienen del subsidio.
Terminó importando fertilizantes líquidos que ni siquiera los diluye. Sus operaciones en ese campo se limitaron a adquirir de terceros, fertilizantes como úrea y otros, para comercializarlos mediante ventas con pago diferido a asociaciones de productores. “Los niveles de mora son elevados y los procesos penales para la recuperación de deudas son parte de sus tareas”, añadió.
Por otra parte la Empresa de Semillas adquiere de terceros granos de arroz, frejol y otros, para proveer al subsidio. También ha incurrido en operaciones de venta de semillas con pagos diferidos. “Entre ambas empresas tenían cerca de 13 millones de bolivianos o más como cuentas por cobrar en ejecución, por ese tipo de operaciones. Tienen deudas por cobrar a corto plazo y no pueden recuperar y están pagando salarios y estos meses de pandemia no han estado generando ingresos”, puntualizó.
Sobre Emvibol, Aliaga cree que es una empresa destinada a la muerte porque si bien genera algunos ingresos, en sus gastos no figuran los costos de energía eléctrica, GLP y salarios.
El crédito del Finpro para esta empresa era de 58 millones de dólares. La primera cuota a capital, vencida la gracia, debe pagarse este agosto próximo. Los gastos de operación (gas licuado, electricidad para mantener alta temperatura del horno, salarios, insumos y otros) desde que se inició, se imputan todavía al préstamo como capital de operaciones. El precio de los envases, a la capacidad con la que se estaba trabajando (12 %) no cubrirá los costos de operación.
La planta fue enclavada en Zudáñez y muy lejos del más próximo city gate de gas natural. Ni en los próximos cinco años habrá gasoducto cercano. Optaron por gas licuado de petróleo para alimentar el horno.
Aliaga señala los bloqueos de noviembre estuvieron a punto de adelantar en cinco años el apagado de ese horno, que tiene que permanecer encendido a más de 1.500 ºC consumiendo gas y electricidad en ingentes cantidades, materia prima y otros insumos. “Estar tan lejos del gas natural, como el producto de los mercados, realmente confirma que, si alguien se empeñaba en plantear un proyecto peor que éste, quizás no lo hubiera logrado”, indica Aliaga.No fue un proyecto “llave en mano”. Se contrató a una empresa cooperativa de Uruguay, Envidrio, para el diseño final del proyecto y transferencia de know how. Ésta se limitó a comprar los equipos y luego contrató técnicos venezolanos de Venvidrio, que se encargaron de poner la planta en funcionamiento. “Los uruguayos, después de noviembre, dejaron el país sin culminar el contrato. Los venezolanos desaparecieron a comienzos de diciembre. No se pudo encontrar en los archivos el diseño final del proyecto”, observó.
La Empresa Productiva de Cementos de Bolivia (Ecebol) emprendió dos proyectos para producir clínker y cemento portland en dos plantas, una en Oruro y otra en Potosí con créditos provenientes de las RIN que superan juntos los 600 millones de dólares. La primera operó con relativo éxito, pero al igual que muchas empresas de occidente, fue afectada por el atentado que terminó volando el gasoducto Carrasco el 13 de noviembre.
Se tuvo que apagar el horno y se dañó el refractario y se lo reparó y encendió el 28 de diciembre.
Ya se había prevendido gran cantidad de cemento. Se volvió a producir, hasta que, comunarios, parlamentarios y otros, prepararon una toma de la planta el 10 de marzo. Esa acción culminó con una nueva parada del horno y otro daño y se vino la pandemia. “En julio vence el período de gracia y debe pagar 23 millones de dólares del crédito y estuvo parada cinco meses”, subrayó Aliaga. La de Potosí aún no opera.
Punto de vista
Jimmy Osorio
Economista y analista
“Se desconocen planes y metas”
El actual modelo económico, heredado de la administración del MAS, apuesta por la intervención del Estado en casi todos los sectores productivos, esto con el objeto de controlar mayoritariamente la demanda interna.
Es por esa razón que el Gobierno de entonces (2006- 2019) creó una serie de empresas de diferentes rubros, que puedan generar excedentes para el erario nacional. Sin embargo, el tiempo nos ha demostrado que gran parte de las empresas públicas creadas por el gobierno del MAS han sido creadas más por intereses políticos que técnicos. Muestra de ello es que el 86,5% del presupuesto total 28 empresas públicas en funcionamiento, corresponden a tan sólo tres empresas, YPFB, ENDE y Comibol.
Las 25 empresas públicas del Estado, en los últimos años han ido presentando pérdidas en sus balances como es el caso de la empresa de semillas.
Sin embargo, aunque estas “pequeñas” empresas registren pérdidas o ganancias, el impacto con relación al crecimiento económico nacional será mínimo.
Por otro lado, todavía no se puede acceder a la información de las empresas, no se puede revisar los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para su creación. Tampoco se puede ver los planes de negocios y ver las evoluciones de sus indicadores financieros para ver si las empresas están cumpliendo con sus proyecciones.
Se hace necesaria la revisión de cada una de las empresas estatales y su rol productivo, pues existen algunas compañías que, conforme a la normativa comercial, ya estarían en quiebra técnica y sería el nivel central de Gobierno el que esté manteniendo con vida a estas empresas a través de transferencias a fondo perdido.
