La construcción de las plantas fue adjudicada a través de licitaciones públicas.
El Gobierno rechazó el informe que presentó el empresario Samuel Doria Medina sobre los proyectos que están en proceso de construcción.
La Planta de Urea y Amoniaco que se construye en Bulo Bulo, Cochabamba, con una inversión de $us 843,9 millones, tiene garantizado la rentabilidad económica al Estado, mientras que la instalación del ingenio de San Buenaventura, La Paz, con $us 215 millones, asegurará la provisión de azúcar para el mercado interno.
Así señalaron ayer, por separado, la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, y el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Álvaro Arnez, en entrevista con la red de medios estatales al referirse a las declaraciones del empresario cementero y político de oposición, Samuel Doria Medina, quien cuestionó ambos proyectos considerados por el Gobierno como estratégicos.
PETROQUÍMICA
“El precio de la urea tiende a subir (...) llegaríamos a bordear los 700 dólares la tonelada métrica, eso respalda este proyecto y la rentabilidad (...) uno tiene que generar un mercado asegurado y con precios establecidos históricamente, definitivamente el flujo de caja de este proyecto es definitivo”, destacó el viceministro Arnez.
Añadió que a través de estudios se identificó como mercados potenciales para la urea boliviana a Brasil, Argentina y Perú, que en la actualidad registran déficit en el sector.
De acuerdo con el viceministro Arnez, el proyecto de urea fue adjudicado a la firma surcoreana Samsung Engineering Co. Ltda. mediante un proceso de licitación transparente.
SAN BUENAVENTURA
La ministra Morales manifestó que el añorado proyecto en San Buenaventura, en proceso de construcción, no sólo garantizará el abastecimiento de azúcar en el país con 1,2 millones de quintales anuales, sino que también generará energía eléctrica con 15 megawatios, 11 millones de litros de alcohol al año, además de 15 toneladas diarias de alimento para animales (vagazo).
“Tiene que haber una empresa pública que se ocupe primero del mercado interno y después de exportar”, remarcó la autoridad.
El proyecto del ingenio comenzó en 2010 con un decreto que crea la empresa, cuyo diseño de ingeniería básica fue realizado por el Ministerio del Azúcar de Cuba y un equipo de profesionales bolivianos.
La construcción está a cargo de la empresa china Camce Unión, que desplazó unos 200 técnicos en el complejo y que hasta el momento ya recibió dos desembolsos de recursos para el complejo azucarero.
El ingenio también tendrá un taller de mantenimiento de las máquinas en el que se invertirán $us 4 millones.
“Los paceños hemos estado postergados 40 años con la mentira de que no se podía producir caña, que vaya, lo invito al señor Doria Medina a ver las plantaciones.
Teresa Morales
Ministra de Desarrollo Productivo.
Rendimiento de caña llega a 120 toneladas
El rendimiento de la caña en el norte paceño alcanza a 120 toneladas por hectárea, producción que supera al obtenido en Santa Cruz con 55 toneladas, informó ayer la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales.
“Los paceños hemos estado postergados 40 años con la mentira de que no se podía producir caña, que vaya, lo invito al señor Doria Medina a ver las plantaciones (en San Buenaventura)”, señaló Morales al referirse a los estudios que se realizaron en gobiernos pasados para la instalación del ingenio azucarero y que fracasaron.
Remarcó que este proyecto será de gran impacto para el desarrollo del departamento de La Paz.
Monday, October 14, 2013
Sunday, October 13, 2013
Observan procesos de contratación directa para empresas estratégicas
El documento de Unidad Nacional (UN) sobre un supuesto sobreprecio en tres obras gubernamentales pone en tela de juicio los decretos que avalan los procesos de contratación directa emitidos para agilizar la ejecución en las empresas estratégicas del Estado. El analista en temas políticos, Carlos Cordero, explica que los procesos de licitación garantizaban un manejo transparente en la función pública, mientras ahora se saltan estos procedimientos con el riego de generar corrupción.
El documento “La verdad sobre la corrupción en el gobierno de Evo Morales” presentado en la semana por el jefe de UN, Samuel Doria Medina, explica que el Presidente a un año y medio de haber asumido el mando del país emitió el Decreto 29190 del 1 de julio de 2007 que modifica la reglamentación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, permitiendo las contrataciones directas para las empresas estratégicas del Estado.
Poco después se conformó el grupo de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) donde se encuentran desde la estatal petrolera hasta Cartonbol, Lacteosbol o Papelbol, incluso la Empresa Cementera Estatal que fue anunciada recientemente por el Gobierno central para hacer competencia a las empresas privadas del rubro.
El Decreto 29506 fue más allá dando atribuciones a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para elaborar un reglamento interno para los procesos de contratación directa. El Decreto 29576 del 21 de mayo de 2008 extiende esas facultades para las demás empresas estratégicas del Estado.
El documento de la oposición expone estos antecedentes como la base para que no existan mecanismos de control en las contrataciones directas e incluso contrataciones por excepción, lo cual podría haber generado los supuestos sobreprecios en las obras de la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo en Cochabamba, el ingenio de San Buenaventura y el teleférico en La Paz con un gasto de 382 millones de dólares.
Sobre la denuncia, la respuesta vino desde el vicepresidente Alvaro García, quien pidió a Doria Medina “informarse mejor” y dijo que existen “listas de proponentes”, por lo que decir que no se cumplen los procedimientos “es asesinar la verdad”.
Para Carlos Cordero no existen delitos al verificar las contrataciones directas pues se abrió un “paraguas” legal con la emisión de estos decretos que benefician a las empresas estratégicas del Estado. Sin embargo, sí generan dudas por el manejo de millones de dólares que contrastan con el discurso anticapitalista del Gobierno, pues al hacer este tipo de contrataciones el Estado boliviano recibe y atiende los precios del libre mercado.
“Es probable que San Buenaventura, por ejemplo cueste el doble, pero no se puede corroborar porque se hace la contratación directa y el Gobierno debe acatar los precios que el mercado le pide. El Gobierno no hizo nada ilegal, pero ante la opinión pública la imagen del presidente no está bien porque se ve un despilfarro de millones de dólares que dejan dudas sobre el manejo y la transparencia que debiera existir”, explicó.
Las reglas del libre mercado, reiteró, son las que imponen precios y ante la urgencia del presidente por realizar obras salta esos procedimientos y acorta plazos “comprando” lo que el proveedor le ofrece al país.
“Haber eliminado las licitaciones y tener estos resultados demuestra que los funcionarios públicos no hacen bien su trabajo, es una evidencia de la incapacidad estatal y sólo con un nuevo gobierno se podría investigar estas situaciones, pero existe la posibilidad de que el próximo gobierno también retome estos decretos para facilidad de las empresas estatales”, dijo.
En anteriores intervenciones en radio Fides, el analista y experto en temas municipales, Iván Arias, ya cuestionaba la forma en la que las empresas públicas realizan sus procesos de contratación directa obviando un sistema que fue desarrollado durante años para evitar casos de corrupción.
Pese a estos procesos empresas como Papelbol no terminan por despegar y desde el propio Gobierno se ha denunciado hechos de corrupción.
DATOS
Grupo de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE): Mina Huanuni, Empresa Siderúrgica Mutún, Corporación Minera de Bolivia, Empresa Metalúrgica Vinto, Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Lácteos de Bolivia (Lacteosbol), Papeles de Bolivia (Papelbol), Cartones de Bolivia (Cartonbol), Empresa de Comercialización, Cemenstos de Bolivia, Depósitos Aduaneros Bolivianos, Azúcar de Bolivia y Boliviana de Aviación (Boa).
El documento “La verdad sobre la corrupción en el gobierno de Evo Morales” presentado en la semana por el jefe de UN, Samuel Doria Medina, explica que el Presidente a un año y medio de haber asumido el mando del país emitió el Decreto 29190 del 1 de julio de 2007 que modifica la reglamentación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, permitiendo las contrataciones directas para las empresas estratégicas del Estado.
Poco después se conformó el grupo de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) donde se encuentran desde la estatal petrolera hasta Cartonbol, Lacteosbol o Papelbol, incluso la Empresa Cementera Estatal que fue anunciada recientemente por el Gobierno central para hacer competencia a las empresas privadas del rubro.
El Decreto 29506 fue más allá dando atribuciones a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para elaborar un reglamento interno para los procesos de contratación directa. El Decreto 29576 del 21 de mayo de 2008 extiende esas facultades para las demás empresas estratégicas del Estado.
El documento de la oposición expone estos antecedentes como la base para que no existan mecanismos de control en las contrataciones directas e incluso contrataciones por excepción, lo cual podría haber generado los supuestos sobreprecios en las obras de la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo en Cochabamba, el ingenio de San Buenaventura y el teleférico en La Paz con un gasto de 382 millones de dólares.
Sobre la denuncia, la respuesta vino desde el vicepresidente Alvaro García, quien pidió a Doria Medina “informarse mejor” y dijo que existen “listas de proponentes”, por lo que decir que no se cumplen los procedimientos “es asesinar la verdad”.
Para Carlos Cordero no existen delitos al verificar las contrataciones directas pues se abrió un “paraguas” legal con la emisión de estos decretos que benefician a las empresas estratégicas del Estado. Sin embargo, sí generan dudas por el manejo de millones de dólares que contrastan con el discurso anticapitalista del Gobierno, pues al hacer este tipo de contrataciones el Estado boliviano recibe y atiende los precios del libre mercado.
“Es probable que San Buenaventura, por ejemplo cueste el doble, pero no se puede corroborar porque se hace la contratación directa y el Gobierno debe acatar los precios que el mercado le pide. El Gobierno no hizo nada ilegal, pero ante la opinión pública la imagen del presidente no está bien porque se ve un despilfarro de millones de dólares que dejan dudas sobre el manejo y la transparencia que debiera existir”, explicó.
Las reglas del libre mercado, reiteró, son las que imponen precios y ante la urgencia del presidente por realizar obras salta esos procedimientos y acorta plazos “comprando” lo que el proveedor le ofrece al país.
“Haber eliminado las licitaciones y tener estos resultados demuestra que los funcionarios públicos no hacen bien su trabajo, es una evidencia de la incapacidad estatal y sólo con un nuevo gobierno se podría investigar estas situaciones, pero existe la posibilidad de que el próximo gobierno también retome estos decretos para facilidad de las empresas estatales”, dijo.
En anteriores intervenciones en radio Fides, el analista y experto en temas municipales, Iván Arias, ya cuestionaba la forma en la que las empresas públicas realizan sus procesos de contratación directa obviando un sistema que fue desarrollado durante años para evitar casos de corrupción.
Pese a estos procesos empresas como Papelbol no terminan por despegar y desde el propio Gobierno se ha denunciado hechos de corrupción.
DATOS
Grupo de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE): Mina Huanuni, Empresa Siderúrgica Mutún, Corporación Minera de Bolivia, Empresa Metalúrgica Vinto, Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Lácteos de Bolivia (Lacteosbol), Papeles de Bolivia (Papelbol), Cartones de Bolivia (Cartonbol), Empresa de Comercialización, Cemenstos de Bolivia, Depósitos Aduaneros Bolivianos, Azúcar de Bolivia y Boliviana de Aviación (Boa).
Friday, October 11, 2013
15 empresas estatales se favorecieron con decretos
Según el empresario y opositor al Gobierno central Samuel Doria Medina, 15 empresas estatales estratégicas fueron favorecidas por 100 decretos excepcionales, para el manejo de recursos públicos sin ningún tipo de fiscalización.
Una de las normas es el Decreto Supremo 29190, que modifica la reglamentación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Un artículo de la norma estipula que se permite "las contrataciones directas" a empresas estatales estratégicas, explicó.
El martes, el industrial cementero denunció el sobreprecio de $us 382 millones en tres proyectos estatales. Ayer, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, cuestionó las aseveraciones del opositor, y lo acusó de "tergiversador".
Polémicos decretos. Otro decreto que observa el estudio hecho por el opositor es el 29506, que da facultad a YPFB de elaborar un reglamento interno para contrataciones directas. Es decir, sin necesidad de aplicar las instrucciones y mandatos del Ministerio de Economía, señala el estudio.
El informe presentado añade que el Gobierno generalizó este privilegio al resto de las empresas estratégicas, emitiendo el Decreto Supremo 29576.
Con este amparo, las firmas estatales están avaladas para manejar con libertad recursos estatales.
"Hemos encontrado todo un sistema de manejo de los recursos estatales que genera todas las condiciones para la corrupción, porque elimina todo tipo de controles, que se han ido generando a lo largo de 31 años de democracia en nuestro país", dijo Medina.
Fideicomisos. Otra de las observaciones hechas es la creación de 14 fideicomisos entre 2008 y 2009, por $us 442 millones.
La mayoría de estos recursos está destinado a compañías estatales y para el financiamiento de proyectos en el área productiva.
"Lo que pasa es que el fideicomiso que se entrega a las empresas puede usarse sin ningún tipo de control", manifestó Medina.
Respuesta estatal. El vicepresidente Álvaro García Linera señaló que las denuncias hechas por el industrial son "tergiversaciones" de la verdad, son producto de la "desesperación" del líder de Unidad Nacional por las elecciones presidenciales del año 2014, por lo que recomendó que se dedique únicamente a su empresa, pues criticó su formación académica e ideológica para hacer política.
Una de las normas es el Decreto Supremo 29190, que modifica la reglamentación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Un artículo de la norma estipula que se permite "las contrataciones directas" a empresas estatales estratégicas, explicó.
El martes, el industrial cementero denunció el sobreprecio de $us 382 millones en tres proyectos estatales. Ayer, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, cuestionó las aseveraciones del opositor, y lo acusó de "tergiversador".
Polémicos decretos. Otro decreto que observa el estudio hecho por el opositor es el 29506, que da facultad a YPFB de elaborar un reglamento interno para contrataciones directas. Es decir, sin necesidad de aplicar las instrucciones y mandatos del Ministerio de Economía, señala el estudio.
El informe presentado añade que el Gobierno generalizó este privilegio al resto de las empresas estratégicas, emitiendo el Decreto Supremo 29576.
Con este amparo, las firmas estatales están avaladas para manejar con libertad recursos estatales.
"Hemos encontrado todo un sistema de manejo de los recursos estatales que genera todas las condiciones para la corrupción, porque elimina todo tipo de controles, que se han ido generando a lo largo de 31 años de democracia en nuestro país", dijo Medina.
Fideicomisos. Otra de las observaciones hechas es la creación de 14 fideicomisos entre 2008 y 2009, por $us 442 millones.
La mayoría de estos recursos está destinado a compañías estatales y para el financiamiento de proyectos en el área productiva.
"Lo que pasa es que el fideicomiso que se entrega a las empresas puede usarse sin ningún tipo de control", manifestó Medina.
Respuesta estatal. El vicepresidente Álvaro García Linera señaló que las denuncias hechas por el industrial son "tergiversaciones" de la verdad, son producto de la "desesperación" del líder de Unidad Nacional por las elecciones presidenciales del año 2014, por lo que recomendó que se dedique únicamente a su empresa, pues criticó su formación académica e ideológica para hacer política.
El Estado frenó 5 arbitrajes con pago de 390 millones de dólares
El Estado logró frenar al menos cinco demandas de arbitraje mediante la conciliación y el pago de unos 390 millones de dólares, pero aún enfrenta seis procesos por la nacionalización de compañías de diferentes sectores.
Se alcanzó un convenio con ETI Eurotelecom Internacional por la expropiación de sus acciones en ENTEL. Se pagaron 100 millones de dólares, aunque se asumió sus deudas impositivas por más de 150 millones de dólares.
Con Ashmore- Shell se llegó a un acuerdo por 241 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en Transredes.
Se concilió con el grupo GDF Suez por la estatización de la Empresa Generadora de Electricidad Corani, con un pago de 18,4 millones de dólares.
También se erogaron 14,2 millones de dólares para Bolivian Generating Group por la reversión al Estado de sus acciones en la Empresa Generadora de Electricidad Valle Hermoso.
El Estado canceló 16,4 millones de dólares al grupo alemán-peruano Oil Tanking- Graña Montero por la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB).
Arbitrajes en curso
Están pendientes de un laudo arbitral, que equivale a una resolución o fallo, la demanda de Rurelec por la reversión de la empresa generadora Guaracachi en 2010. La firma británica exige 142,3 millones de dólares.
Pan American Energy (PAE), que presentó una demanda arbitral contra el Estado el 24 de septiembre ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) , pide una compensación de 1.493 millones de dólares, incluidos daños y perjuicios, por la estatización de su paquete accionario en la petrolera Chaco.
La Red Eléctrica de España, según confirmó el exgerente de ENDE Hugo Villarroel el 8 de enero de este año, presentó un recurso arbitral por la estatización de la Transportadora de Electricidad (TDE). La firma española calculó en 164 millones de dólares el valor de esos activos transferidos al Estado.
Está en curso el arbitraje iniciado por Jindal por la ejecución de una boleta de garantía por 18 millones de dólares por supuesto incumplimiento de contrato.
Además, aún está pendiente la demanda de Non Metallic Minerals por la nulidad de sus concesiones en el Salar de Uyuni (caso Quibórax).
Abertis Infraestructuras SA de España interpuso una demanda porque se habría vulnerado su contrato con la disminución de tarifas para administrar los aeropuertos. Este año se revirtieron al Estado esos activos.
Una veintena de nacionalizaciones
Desde 2006, el Estado impulsó la nacionalización de una veintena de empresas que fueron privatizadas o capitalizadas en los 90.
En 2006 retomó el control de la mina de estaño Huanuni y en 2007 de la fundición de Vinto, en manos de la suiza Glencore.
En 2008, el Estado procedió con la recuperación de las empresas petroleras capitalizadas Transredes, Chaco (se concretó en 2009) y Compañía Logística de Hidrocarburos; logró el control accionario en petrolera Andina y nacionalizó ENTEL. En 2009 le tocó el turno a Air BP, que distribuía combustible en los aeropuertos.
En 2010, la reversión afectó a las empresas eléctricas Guaracachi, Corani y Valle Hermoso, y a la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba y la fundición de antimonio, en manos de la suiza Glencore.
En 2012 le tocó el turno a la Transportadora de Electricidad. Se expropiaron las distribuidoras de energía eléctrica de La Paz y Oruro a Iberdrola, además de una empresa de servicios y de una gestora de inversiones.
SABSA fue nacionalizada este año.
Se alcanzó un convenio con ETI Eurotelecom Internacional por la expropiación de sus acciones en ENTEL. Se pagaron 100 millones de dólares, aunque se asumió sus deudas impositivas por más de 150 millones de dólares.
Con Ashmore- Shell se llegó a un acuerdo por 241 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en Transredes.
Se concilió con el grupo GDF Suez por la estatización de la Empresa Generadora de Electricidad Corani, con un pago de 18,4 millones de dólares.
También se erogaron 14,2 millones de dólares para Bolivian Generating Group por la reversión al Estado de sus acciones en la Empresa Generadora de Electricidad Valle Hermoso.
El Estado canceló 16,4 millones de dólares al grupo alemán-peruano Oil Tanking- Graña Montero por la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB).
Arbitrajes en curso
Están pendientes de un laudo arbitral, que equivale a una resolución o fallo, la demanda de Rurelec por la reversión de la empresa generadora Guaracachi en 2010. La firma británica exige 142,3 millones de dólares.
Pan American Energy (PAE), que presentó una demanda arbitral contra el Estado el 24 de septiembre ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) , pide una compensación de 1.493 millones de dólares, incluidos daños y perjuicios, por la estatización de su paquete accionario en la petrolera Chaco.
La Red Eléctrica de España, según confirmó el exgerente de ENDE Hugo Villarroel el 8 de enero de este año, presentó un recurso arbitral por la estatización de la Transportadora de Electricidad (TDE). La firma española calculó en 164 millones de dólares el valor de esos activos transferidos al Estado.
Está en curso el arbitraje iniciado por Jindal por la ejecución de una boleta de garantía por 18 millones de dólares por supuesto incumplimiento de contrato.
Además, aún está pendiente la demanda de Non Metallic Minerals por la nulidad de sus concesiones en el Salar de Uyuni (caso Quibórax).
Abertis Infraestructuras SA de España interpuso una demanda porque se habría vulnerado su contrato con la disminución de tarifas para administrar los aeropuertos. Este año se revirtieron al Estado esos activos.
Una veintena de nacionalizaciones
Desde 2006, el Estado impulsó la nacionalización de una veintena de empresas que fueron privatizadas o capitalizadas en los 90.
En 2006 retomó el control de la mina de estaño Huanuni y en 2007 de la fundición de Vinto, en manos de la suiza Glencore.
En 2008, el Estado procedió con la recuperación de las empresas petroleras capitalizadas Transredes, Chaco (se concretó en 2009) y Compañía Logística de Hidrocarburos; logró el control accionario en petrolera Andina y nacionalizó ENTEL. En 2009 le tocó el turno a Air BP, que distribuía combustible en los aeropuertos.
En 2010, la reversión afectó a las empresas eléctricas Guaracachi, Corani y Valle Hermoso, y a la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba y la fundición de antimonio, en manos de la suiza Glencore.
En 2012 le tocó el turno a la Transportadora de Electricidad. Se expropiaron las distribuidoras de energía eléctrica de La Paz y Oruro a Iberdrola, además de una empresa de servicios y de una gestora de inversiones.
SABSA fue nacionalizada este año.
Thursday, October 10, 2013
Critican improvisación de proyectos estatales
La Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) de La Paz observó que los proyectos estatales, a los cuales están prestos en participar, carecen de diseños a estudio final, no tienen un equilibrio económico financiero y que la cláusula de controversias es totalmente desfavorable a ese sector. "Lamentablemente hay tres aspectos fundamentales que hacen que esto no se dé, uno es los diseños que no son los apropiados, son malos diseños para ejecutar una obra", dijo el presidente de Cadeco de La Paz, Davor Vargas Pol. La aseveración surge a colación de la interrogante del por qué las empresas constructoras nacionales no participan en una mayor cantidad en los proyectos que tiene el Gobierno central en los diferentes departamentos del país y de las observaciones que tiene el sector.
Para Vargas, es de suponer que una obra es licitada cuando se posee el estudio técnico, social y ambiental, pero que en los hechos no ocurre de esa manera, sino que se da rienda suelta a la improvisación./ANF
Para Vargas, es de suponer que una obra es licitada cuando se posee el estudio técnico, social y ambiental, pero que en los hechos no ocurre de esa manera, sino que se da rienda suelta a la improvisación./ANF
Wednesday, October 9, 2013
Tres empresas reclaman $us 1.725 MM por expropiaciones
El Estado boliviano enfrenta seis arbitrajes a causa de la nacionalización de varias empresas privadas que realizó desde 2006. Tres firmas piden compensaciones que, en conjunto, suman al menos $us 1.725 millones.
Uno de los procesos fue iniciado por la compañía británica Rurelec PLC que remitió, el 13 de mayo de 2010, la carta de notificación formal de controversia al Estado boliviano por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA), realizada el 1 de mayo de esa gestión.
El 2 de marzo de 2012, la firma indicó que la “indemnización completa” que busca por la estatización de sus acciones en Guaracachi alcanza un monto de $us 142,3 millones, “más los intereses” generados “hasta el pago total” de la compensación económica.
El 17 de agosto de 2013, la Procuraduría General del Estado (PGE) dijo que observó en la Corte Internacional de Arbitraje de París como “exorbitante y excesiva” la demanda de indemnización por parte de la británica. Según una orden de procedimiento del tribunal arbitral, la audiencia en el proceso de arbitraje de Rurelec por Guaracachi se efectuó entre el 2 y el 10 de abril del presente año.
El segundo arbitraje lo presentó Pan American Energy (PAE) el 12 de marzo de 2010 contra el Estado boliviano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entidad dependiente del Banco Mundial, por la nacionalización de la petrolera Chaco, en la cual tenía el 50% de las acciones.
La PGE se reunió con ejecutivos de PAE para resolver la controversia por el diálogo, pero la compañía reactivó el arbitraje el 2 de agosto de 2012. Ante ese hecho, la Procuraduría, el 7 de septiembre de ese año, notificó al Tribunal que presentará la excepción preliminar de falta de mérito jurídico.
Reactivación. La petrolera PAE convalidó el 24 de septiembre de este año un arbitraje contra el país y reclama $us 1.493 millones de indemnización por la estatización de acciones de Chaco, monto que incluye daños y perjuicios, informó Página Siete.
El tercer caso es el arbitraje interpuesto por Abertis Infraestructuras SA de España (SABSA) que remitió, el 5 de mayo de 2011, la notificación de arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas Mercantil Internacional.
El 18 de febrero de 2013, el Gobierno nacionalizó las acciones de Abertis y AENA en su filial en Bolivia SABSA debido a que incumplió un plan de inversiones para mejorar las instalaciones aeroportuarias en el eje troncal. Abertis reclama $us 90 millones a Bolivia por la expropiación de SABSA, filial de Abertis (90%) y AENA (10%).
La cuarta demanda la interpuso la empresa chilena Quiborax Non Metallic Minerales el 4 de octubre de 2005 ante el CIADI por la anulación de su licencia para explotar ulexita en el salar de Uyuni. El 6 de julio de 2010, la compañía reanudó el arbitraje pero se desconoce la cifra de compensación.
El quinto arbitraje fue presentado por Jindal Steel Bolivia (JBS) ante la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional, en diciembre de 2011, por la ejecución de la primera boleta de garantía que el Gobierno ejecutó en 2010, por $us 18 millones. El 30 de abril de 2013, la canadiense South American Silver inició un arbitraje contra Bolivia por la nacionalización “sin compensación” de su concesión minera en el cerro Mallku Khota. En ambos casos no se conoce el monto de indemnización.
Detalles sobre la temática
Política
El 22 de febrero de 2013, el vicepresidente Álvaro García defendió la política de nacionalizaciones porque generó “grandes ingresos” y utilidades al Estado boliviano.
Posición
El 5 de marzo de 2012, García dijo que la compensación que pide Rurelec “es un acto de abuso y prepotencia empresarial y que no se puede pagar semejante cantidad”.
Advierten con medidas contra empresas que tengan litigios
El Gobierno advirtió con tomar “drásticas decisiones” contra las petroleras que operan en el país y que tengan arbitrajes internacionales contra el Estado boliviano; debido a que ahora Bolivia se encuentra estable en su economía y no tiene nada que temer.
Así lo señaló el presidente Evo Morales el 4 de octubre en una rueda de prensa en Cochabamba, en la que informó sobre los resultados de su encuentro con el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Cuatro días antes, el Mandatario solicitó a las empresas extranjeras que definan si son socias del país o si continuarán con los arbitrajes internacionales en contra del Estado boliviano. El Jefe de Estado señaló que de optar por esta última, el Ejecutivo recuperará las acciones de los bolivianos.
El Gobierno entrega otros Bs 46 millones a Lacteosbol
Pese a que las utilidades de la empresa estatal Lácteos de Bolivia (Lacteosbol) llegan a solo Bs 1,2 millones anuales, el Gobierno decidió otorgar un préstamo de Bs 46 millones (unos $us 6,7millones) aproximadamente a través del decreto 1738, aprobado el 25 de septiembre pasado.
“Se autoriza al BDP suscribir un contrato de préstamo con el Sedem por 6.638.823 dólares con recursos del fideicomiso de Finpro para la implementación, operación y puesta en marcha de la planta liofilizadora de frutas en el trópico de Cochabamba”, señala el referido decreto.
El préstamo es a diez años plazo y un 3% de interés anual y un periodo de gracia de dos años al capital y la amortización de la deuda se realizará anualmente.
Al ser consultada la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, sobre este decreto, dijo desconocer el mismo. Sin embargo, su nombre figura entre los firmantes de la norma.
Mientras, en el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), sus responsables pidieron tiempo para la entrevista, pero no atendieron el requerimiento periodístico en dos días.
Para los empresarios, al margen de la entrega de dinero, lo importante es la transparencia en el manejo de las empresas ya sean del Estado o cualquier otro tipo de emprendimiento, dijo ayer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres.
En agosto, cuando el Gobierno inauguró una nueva planta procesadora de leche en el departamento de Tarija, el gerente general de Lacteosbol, Luis Siles, dijo que esta empresa generó Bs 1,2 millones de utilidades en 2012 y que preveían duplicar esas ganancias en esta gestión.
En ese entonces anunció una nueva planta de cítricos en el trópico de Cochabamba, sin embargo, el decreto 1738 señala que los $us 6,7 millones aprobados serán utilizados en una nueva planta liofilizadora en esa región.
La liofilización es una especie de congelación de la fruta o la pulpa que se utiliza para conservar las cualidades de las mismas.
Según Siles, la implementación de la planta costará Bs 64 millones, pese a que el crédito señala que serán Bs 46.272.596 aprobados por el gabinete ministerial el 25 de septiembre del año en curso.
Los proyectos
Lacteosbol tiene como principal mercado la venta de sus productos en el subsidio de lactancia y en el desayuno escolar pagado por los municipios.
Los responsables de la empresa quieren llegar a las 250.000 raciones diarias de desayuno escolar este año, aunque hasta la fecha no se conocen los datos oficiales de los niveles de ingreso y utilidades que generan las 39 empresas que fueron creadas durante la gestión de Evo Morales
PUNTO DE VISTA
Se requieren empresarios no burócratas
Armando Méndez - Expresidente Del BCB
En Bolivia estamos volviendo a hacer lo que ya hicimos hace 30 años, no solo el país, en América Latina se intentó desarrollar economía a través de empresas estatales que fracasaron en su gran mayoría por no decir todas.
Pero, ¿por qué fracasaron?, pues porque no es suficiente tener capital. Lo importante es que la actividad empresarial la tienen que hacer empresarios no burócratas, tienen que hacerla gente que esté dispuesta a asumir riesgos a cambio de ganar o perder.
Hoy vivimos una época de continuo cambio, cualquier industria que empiece con una tecnología de punta, de aquí a dos o tres años puede no servir y ser completamente incompetitiva. Por eso Bolivia debe dejar a los empresarios hacer empresa y abrirse al mundo
El decreto
A través de bonos
El Ministerio de Economía emitirá bonos del Tesoro que permitirán el financiamiento del proyecto y depositará el dinero en cuentas del Sedem.
Tres ministerios
Estarán a cargo del seguimiento de este crédito: Planificación del Desarrollo, Economía y el Ministerio de Desarrollo Productivo.
“Se autoriza al BDP suscribir un contrato de préstamo con el Sedem por 6.638.823 dólares con recursos del fideicomiso de Finpro para la implementación, operación y puesta en marcha de la planta liofilizadora de frutas en el trópico de Cochabamba”, señala el referido decreto.
El préstamo es a diez años plazo y un 3% de interés anual y un periodo de gracia de dos años al capital y la amortización de la deuda se realizará anualmente.
Al ser consultada la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, sobre este decreto, dijo desconocer el mismo. Sin embargo, su nombre figura entre los firmantes de la norma.
Mientras, en el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), sus responsables pidieron tiempo para la entrevista, pero no atendieron el requerimiento periodístico en dos días.
Para los empresarios, al margen de la entrega de dinero, lo importante es la transparencia en el manejo de las empresas ya sean del Estado o cualquier otro tipo de emprendimiento, dijo ayer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres.
En agosto, cuando el Gobierno inauguró una nueva planta procesadora de leche en el departamento de Tarija, el gerente general de Lacteosbol, Luis Siles, dijo que esta empresa generó Bs 1,2 millones de utilidades en 2012 y que preveían duplicar esas ganancias en esta gestión.
En ese entonces anunció una nueva planta de cítricos en el trópico de Cochabamba, sin embargo, el decreto 1738 señala que los $us 6,7 millones aprobados serán utilizados en una nueva planta liofilizadora en esa región.
La liofilización es una especie de congelación de la fruta o la pulpa que se utiliza para conservar las cualidades de las mismas.
Según Siles, la implementación de la planta costará Bs 64 millones, pese a que el crédito señala que serán Bs 46.272.596 aprobados por el gabinete ministerial el 25 de septiembre del año en curso.
Los proyectos
Lacteosbol tiene como principal mercado la venta de sus productos en el subsidio de lactancia y en el desayuno escolar pagado por los municipios.
Los responsables de la empresa quieren llegar a las 250.000 raciones diarias de desayuno escolar este año, aunque hasta la fecha no se conocen los datos oficiales de los niveles de ingreso y utilidades que generan las 39 empresas que fueron creadas durante la gestión de Evo Morales
PUNTO DE VISTA
Se requieren empresarios no burócratas
Armando Méndez - Expresidente Del BCB
En Bolivia estamos volviendo a hacer lo que ya hicimos hace 30 años, no solo el país, en América Latina se intentó desarrollar economía a través de empresas estatales que fracasaron en su gran mayoría por no decir todas.
Pero, ¿por qué fracasaron?, pues porque no es suficiente tener capital. Lo importante es que la actividad empresarial la tienen que hacer empresarios no burócratas, tienen que hacerla gente que esté dispuesta a asumir riesgos a cambio de ganar o perder.
Hoy vivimos una época de continuo cambio, cualquier industria que empiece con una tecnología de punta, de aquí a dos o tres años puede no servir y ser completamente incompetitiva. Por eso Bolivia debe dejar a los empresarios hacer empresa y abrirse al mundo
El decreto
A través de bonos
El Ministerio de Economía emitirá bonos del Tesoro que permitirán el financiamiento del proyecto y depositará el dinero en cuentas del Sedem.
Tres ministerios
Estarán a cargo del seguimiento de este crédito: Planificación del Desarrollo, Economía y el Ministerio de Desarrollo Productivo.
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