El 15 de septiembre de 2015, el gerente de Producción de Quipus, Edgar G.F.M., mediante informe, solicitó llevar a cabo la contratación directa de Rxart, para la provisión de 40.000 kits de ensamblado de los celulares Tinku y Heka, especificados en un contrato por un valor de 40.890.000 bolivianos, con un plazo de 85 días para la entrega.
Quipus justificó la contratación directa con el argumento de que el ensamblado de los teléfonos permitiría a la empresa participar en la licitación pública 052/2015, convocada por Entel, que demandaba la provisión de 100 mil teléfonos móviles.
Sin embargo, durante la primera fase de ese proceso de contratación pública, la propuesta que presentó Quipus fue descartada por la comisión de calificación de la telefónica estatal.
“La comisión de calificación determinó en el Acta de Apertura de Propuestas que la Boleta de Seriedad de Propuesta presentada por Quipus no cumplía la condición del primer requerimiento, por lo que se inhabilitó su propuesta”, se lee en la “Denuncia penal por la comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros”, presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
A pesar de que la propuesta fue inhabilitada de la convocatoria de Entel, el proceso de contratación directa de Quipus para la compra de piezas prosiguió.
“Pese a tener pleno conocimiento de que la oferta realizada por la empresa (Quipus) fue desestimada, la misma prosiguió con el proceso de contratación directa de partes para el ensamblado de celulares”, precisa la denuncia del ministerio.
Fue así que el 23 de septiembre de 2015, Quipus suscribió contrato con Rxart, otorgándole un plazo de casi tres meses para entregar las partes y piezas.
La empresa contratada pidió en dos ocasiones postergar la fecha de entrega; primero bajo el pretexto de que tenía problemas con su proveedor en China, y luego porque la Aduana de Estados Unidos retuvo algunas piezas.
Quipus aceptó posponer la entrega, pero, cuando llegó el pedido, en lugar de recibir 40.000 kits para el ensamblado de una cantidad similar de celulares, recibió 38.000 piezas, por lo que el contrato original, de 40,8 millones, se redondeó a 39,1 millones de bolivianos, aplicándole una multa a Rxart de 316 mil.
Página Siete insistió ayer para obtener la versión de Desarrollo Productivo. En el área de Comunicación respondieron que “el proceso sigue su curso en la justicia, a denuncia de la ministra Sifuentes, en el marco de la transparencia que le caracteriza”.
Proceso irregular
Implicados Los cinco exejecutivos de la firma estatal identificados en la denuncia penal son Freddy M.R., exgerente de Quipus; Edgar G.F.M., exgerente de Producción; Carlos C.R., exjefe del Departamento SKD; Marcelo H.E.B., exjefe de Tecnología, y Verónica E.S., exgerenta administrativa financiera de Quipus. Además de éstos, la denuncia alcanza a Gabriel M.O., representante legal de la empresa Rxart SRL.
Equipos En el informe 0114/2017, el gerente de Producción y el jefe de SKD indicaron a Gerencia que ya habían solicitado que “se efectivice el ensamblaje del 80% de los kits adquiridos, por lo que a la fecha (22 de mayo de 2017) se tiene efectivo el porcentaje de ensamblaje solicitado, verificando correcto funcionamiento”.
La Fiscalía asegura que 10 mil equipos están en stock y sin uso
El Ministerio Público investiga los presuntos delitos cometidos en la compra de partes y piezas de celulares por parte de la empresa estatal Quipus, puesto que más de 10.000 celulares quedaron sin uso, informó el fiscal Edwin Henríquez.
El representante del Ministerio Público indicó que la denuncia fue presentada en febrero de este año, por la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes, con base en un informe de la Unidad de Transparencia de esa cartera, respecto a hechos ocurridos en 2017, informó la agencia ANF.
Henríquez manifestó que el caso corresponde a la adquisición de piezas para el ensamblado de celulares en la planta que tiene la firma pública Quipus.
El fiscal acotó que los componentes fueron entregados por el proveedor, la empresa Rxart, pero en el ensamblado se presentaron deficiencias. “Hoy están en stock de la empresa Quipus más de 10.000 aparatos celulares que no tienen ningún uso”, señaló.
El funcionario precisó que el informe de Transparencia estableció responsabilidades en siete personas, que fueron denunciadas por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato, entre otros.
Entre los acusados están cinco exejecutivos de Quipus, entre ellos quien por entonces era el gerente general de la empresa pública, además del representante legal de la empresa que se adjudicó el millonario contrato.
El fiscal Henríquez aseguró que cuatro personas ya fueron imputadas y tienen medidas sustitutivas, en tanto se lleva adelante la investigación.
Respecto al resto de los acusados, indicó que se presume que una exejecutiva está en el exterior, mientras que todavía se busca notificar al empresario que dejó como domicilio legal la dirección de un hotel.
De forma extraoficial, se supo que los cuatro exgerentes procesados por la justicia fueron beneficiados con la detención domiciliaria, mientras las pesquisas del caso continúan.
Página Siete envió ya dos cuestionarios y busca la versión de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo y de Quipus desde hace una semana, pero ningún funcionario da su explicación sobre el caso de corrupción que se remonta a 2017.
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