La nacionalización de los hidrocarburos, el 1 de mayo de 2006, es, a decir del economista Pablo Cuba, uno de los hechos más significativos del gobierno del presidente Evo Morales.
“La nacionalización de los hidrocarburos, aprobada, el mismo día en que se celebraba el Día Internacional de los Trabajadores, tomó por sorpresa a la población por la forma tan reservada y cautelosa con que se trabajó su decreto”.
Este decreto, a juicio del docente universitario, cambió las reglas de juego con las empresas petroleras, planteó un plazo de negociación para la renovación de nuevos contratos y definió el papel de la empresa estatal en la explotación del principal recurso natural de exportación con que cuenta Bolivia.
Con esta medida, el gobierno de Morales sentó la base de su modelo económico y el papel del Estado, en el rubro de los hidrocarburos, y en sus relaciones con los países de la región, dando los primeros pasos frente al modelo económico de corte neoliberal que estuvo vigente por más de veinte años. De ahí que Morales consideró a ese acto como un reconocimiento a los trabajadores de Bolivia.
La reacción mundial fue inmediata frente a ese decreto de nacionalización, pero los que se consideraban más afectados por esa medida gubernamental fueron las empresas multinacionales Repsol y Petrobras, que recurrieron a sus gobiernos en España y Brasil.
En este corto período de Gobierno, 100 días, las acciones emprendidas en el campo social se basaron fundamentalmente en plantear propuestas de empleo de emergencia a través del programa social denominado “Pro-país”, que apuntó a generar un empleo más productivo con apoyo de la cooperación internacional y se vislumbró como una acción directa que buscó la superación de la pobreza, la expansión de los servicios públicos y la equidad social.
Por otra parte, a través de una resolución gubernamental se incrementó el salario mínimo vital y se llegó a eliminar la libre contratación vigente en Bolivia bajo la política neoliberal.
El resultado de esa acción provocó una reacción del sector empresarial, que señaló que el decreto que reconocía las indemnizaciones por despidos injustos y obligaba a la contratación con el salario mínimo afectaría la competitividad de las empresas. Sin embargo, de acuerdo con estudios realizados por diversas instituciones de investigación social, se comprobó que la libre contratación tuvo un efecto más negativo que positivo: durante muchos años afectó, sobre todo, a los grupos de bajos ingresos, que se vieron obligados a generar estrategias de vida en el sector informal, donde las actividades que realizan generan bajos ingresos. Sin embargo, por otra parte también es importante reconocer que en las áreas urbanas de Bolivia los ingresos promedio de las distintas categorías ocupacionales han subido de una manera relativamente significativa, sobre todo en el sector formal de la economía.
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