La empresa Quiborax, según una publicación del diario El Mercurio de Chile, denunció que Bolivia dilata el arbitraje que enfrenta por la expropiación de concesiones mineras de una filial de esa firma chilena ocurrida en 2004. Según la Procuraduría boliviana, continúan las negociaciones para lograr un acuerdo.
La empresa chilena Quibórax, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, solicitó en diciembre pasado que se reanudara la etapa de cumplimiento del fallo del tribunal arbitral que en septiembre de 2015 determinó el pago de una indemnización por 48.619.578 dólares, según un reportaje de El Mercurio.
En el artículo, la firma chilena Quibórax espera que el caso se resuelva en febrero de este año.
Hace más de 15 años, Allan Fosk, gerente de Quibórax veía crecer el negocio familiar con la exploración del mineral no metálico de ulexita, en Potosí, y lo hacía a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA, Pero en 2004, a tres años de que se inició la extracción todo cambió con la emisión del Decreto 27589 que establecía la revocatoria de las concesiones.
Según El Mercurio que accedió a uno de los capítulos del fallo del tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que transcribe una conversación entre expertos técnicos de los ministerios de Relaciones Exteriores, “el Gobierno boliviano puede intentar la defensa de sus decisiones. Lamentablemente la revocación de las concesiones mineras no está prevista en el Código de Minería por lo que dicha opción tiene una gran debilidad”.
Otro fragmento señala que “el Tribunal considera que la revocación de las concesiones de los demandante viola el derecho internacional”.
Según Rodrigo Gil, uno de los abogados de la defensa: “El fallo es contundente y reconoce que todo este tema fue ideado como un instrumento ante la Ciadi”. Respecto a la orden de suspensión del fallo del Tribunal, añade que “Existen pruebas contundentes de que la iniciativa es controlada totalmente desde el Estado boliviano y no por los tribunales”.
Respecto al tema, el procurador General del estado, Héctor Arce, sostuvo que a la fecha existe un proceso de negociación al margen de un proceso de arbitraje internacional en el caso.
En la rendición pública de cuentas de la Procuraduría General del Estado, sostuvo que se espera que se resuelva el tema en esta gestión. Afirmó que se trata de uno de los casos de nacionalización que más larga data tiene el país.
De 20 procesos en materia de arbitraje internacional que se iniciaron contra Bolivia por las nacionalizaciones entre 2004 y 2012, seis aún están vigentes.
Asimismo, se tiene 12 casos de arbitraje internacional que fueron cerrados por la Procuraduría. En el balance económico, el Procurador informó que de estos casos, el monto pretendido por resarcimientos ascendía los 3.404.000.000 dólares y que el monto pagado fue de 828.375.659, lo que representa un ahorro del 76 por ciento para el Estado.
COSTOS DEL PROCESO
El arbitraje por el caso Quiórax fue determinado por la Ciadi en cinco cuotas de las que no se define a cuánto asciende, pero que debió ser asumido por ambas partes (Quibórax y Bolivia). Según El Mercurio, el costo del proceso ascendió a cerca de 700 mil dólares y fue asumido por la empresa demandante. Añade que Bolivia sólo pagó la primera cuota, pero desde 2010 se negó a pagar las cuotas restantes.
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