El expropietario de Ametex, la fábrica que luego sería adquirida por el Gobierno y se convertiría en Enatex, dijo que no regresará a Bolivia porque "lamentablemente no hay seguridad jurídica en el país".
En contacto con el programa Cabildeo, de la periodista Amalia Pando, aseguró que no recibió ni un centavo del Estado ni por el alquiler ni por la transferencia de la que fue la mayor textilera del país, que la empresa no estaba en quiebra cuando empezó el traspaso y que pagó hasta el último mes los aportes de los trabajadores a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Iberkleid fue acusado por la Fiscalía de La Paz de enriquecimiento ilícito y fue citado a declarar, caso contrario será declarado en rebeldía.
Esta acción del Ministerio Público se produce en medio de un creciente conflicto social que se desató porque el gobierno cerró Enatex el 15 de mayo, dejando en la calle a 800 trabajadores.
Iberkleid dijo que, luego de que se produjo la transferencia de la empresa al Gobierno en 2012, se fue del país por unas semanas, pero luego decidió no regresar porque estaba amenazado por la ministra de Desarrollo Productivo de ese entonces, Teresa Morales.
"Yo sigo amenazado desde hace cuatro años, por la entonces ministra Morales, eso hizo que yo no pueda volver. Yo me había alejado del país por unas semanas, pero a la semana que me fui empezó a amenazar, amenazó con que me iba a encerrar", señaló el empresario.
Contrariamente a lo señalado por el Gobierno, aseguró que su empresa no estaba en quiebra;que en noviembre de 2011, cuando se inició el proceso de traspaso al Gobierno tenía dinero en efectivo para pagar la liquidación de todos los trabajadores, pero que el Gobierno se lo impidió.
"Nos prohibieron hacerlo", señaló para luego aclarar que hasta junio, es decir siete meses que duraron las negociaciones, la empresa se comió la liquidez porque no había mercados para vender los textiles producidos.
Respecto a la acusación de enriquecimiento ilícito, señaló que él no recibió "ni un centavo" del Estado ni por el alquiler de las fábricas, ni por su posterior transferencia. Explicó que el dinero era entregado a la junta de acreedores para el pago de deudas y para algunos poseedores de bonos.
"Nosotros nunca hemos recibido un solo centavo", señaló Iberkleid, quien dijo sentirse "dolido porque es el trabajo de 50 años" que termina con el cierre de una empresa que, en su momento, fue la de mayor valor agregado en el país y la que más empleo ha generado en el ámbito industrial.
Explicó que tras el cierre del mercado estadounidense por la pérdida de las preferencias arancelarias del ATPDEA, el gobierno intentó abrir mercados en Brasil, Argentina y Venezuela, pero que estos no funcionaron por lo que acudió al Gobierno para informar que no podía continuar adelante.
"La ministra (Morales) dijo que no iba a permitir que se cierre la empresa", por eso decidió que el Estado alquilaría las fábricas por seis meses, lo que se convirtieron en 30 meses, para luego proceder a la transferencia definitiva. Al final, dijo que "el Gobierno aceptó tomar la empresa y tomarla a la fuerza".
Indicó que él ofreció ayuda, pero, según su versión, la ministra Morales le habría dicho que el Gobierno sabía hacer todo por lo que rechazó el asesoramiento.
"Ella tenía el deseo de tomar esta empresa para que su hermano la manejara, pero no la han sabido manejar", dijo, en referencia a Manual Morales Olivera, quien fue señalado por los trabajadores como la persona que manejaba los hilos de la entidad.
Respecto a las AFP, Iberkleid aseguró que se cumplió con todos los pagos hasta el día de la transferencia. Rechazo la insinuación de que no se habría pagado y que con el dinero me hubiera escapado", señaló.
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