El Informe del Contralor General del Estado de la gestión 2015 da cuenta de un daño económico de 6.645.233 bolivianos identificado en cuatro empresas públicas: la Empresa Metalúrgica Vinto, la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Central Cochabamba) y la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE residual).
De las 60 auditorías especiales realizadas en la gestión pasada, cuyos resultados están detallados en el Informe del Contralor 2015 al Pueblo Boliviano, 24 son por importe de daño económico y 36 por indicios de responsabilidad civil. Del total, cuatro corresponden a las empresas públicas mencionadas.
La Empresa Metalúrgica de Vinto, con sede en Oruro, figura en la lista de informes preliminares con importes de daño económico por el pago indebido de la prima anual. El daño ocasionado asciende a 3.577.707 bolivianos.
Ejecutivos de Vinto informaron a OPINIÓN que los movimientos económicos de la firma estatal, entre ellos el pago de la prima anual, se realizaron en función de información entregada por una auditoría externa. Si la empresa a cargo de la auditoría ha sido observada por la Contraloría, señalaron, no es responsabilidad de Vinto. Afirmaron que la minera también resultó afectada por la actuación de la auditora.
En Emtagas, también en la lista de informes preliminares por daño económico, la Contraloría detectó una afectación de 323.961 bolivianos por el incumplimiento de plazo en la entrega de materiales y accesorios.
ENDE Y ENFE Por otro lado, en la lista de informes complementarios con indicios de responsabilidad civil, están ENDE Cochabamba, ENFE y nuevamente Emtagas.
El Informe del Contralor muestra que el perjuicio por responsabilidad civil identificado en ENDE es de 1.251.738 bolivianos El mismo se deriva del pago indebido de la prima anual de utilidades. OPINIÓN se comunicó con funcionarios de la empresa, sin embargo no se logró una tener la versión de contraparte, sobre el reporte de la Contraloría.
En el caso de la empresa capitalizada ENFE, la auditoría fue realizada a la oficina central y de ella se desprende un daño de 1.167.865 bolivianos, el cual es atribuible a la falta de descargo por fondos desembolsados con cargo a rendición de cuentas; y el pago de anticipos por beneficios sociales, sin la documentación suficiente y competente que lo sustente. Emtagas aparece en la lista de informes por responsabilidad civil por el mismo concepto que figura en la lista de informes por daños económico: incumplimiento de plazo en la entrega de materiales y accesorios. El monto por el perjuicio ocasionado tampoco cambia, es de 323.961 bolivianos.
A diferencia de las otras, que dependen del Gobierno central, Emtagas depende del Gobernación de Tarija, preciso Víctor Hugo Zamora (PDC), senador por ese departamento. “Conocemos lo que ha ocurrido, en este momento se están haciendo auditorías a la provisión de una serie de redes primarias (de gas) que fueron licitadas… Se ha cambiado a los ejecutivos responsables del proceso de licitación y adjudicación”, precisó.
RECOMENDACIONES Según el Informe del Contralor 2015, esa autoridad emitió notas con recomendaciones de control interno a tres empresas públicas. Se trata de Cartones de Bolivia (Cartonbol), el Distrito Comercial Oruro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Pública Departamental de Oruro (Epdeor), la cual presta servicios en la Terminal de Buses y el hotel Terminal.
La pasada semana, la gerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), Patricia Ballivián, junto al gerente técnico de la estatal Cartonbol, Arturo Moscoso, desmintió a los dirigentes de la COB y a los trabajadores fabriles que afirmaron una presunta “circular de vacaciones colectivas” a los trabajadores de la planta, por problemas económicos.
Unidad de fiscalización fija lineamientos
El Gobierno está empeñado en garantizar la transparencia de las inversiones de las empresas estatales estratégicas, entre esas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), informó el nuevo director de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Edmundo Novillo, exgobernador de Cochabamba.
Novillo cuenta con un plan, aprobado por el presidente Evo Morales y las autoridades de YPFB y ENDE, que hace énfasis en la prevención de la corrupción y que busca que las dos empresas cuenten con sus propios lineamientos y reglamentos de transparencia institucional.
Afirmó que YPFB actualmente tiene importantes inversiones en curso, en toda la cadena productiva, desde la exploración hasta la distribución, y que ENDE está impulsando grandes proyectos para la generación de electricidad, por lo que es fundamental que esas empresas sean acompañadas por un proceso de fiscalización.
Reiteró que el objetivo principal de su Unidad es transparentar las inversiones que el Estado está realizando con estas empresas estratégicas, para que estas sean rentables, tengan vocación de servicio a la población y no causen daños económicos al Estado,
El nuevo director indicó que también verificará los procesos o denuncias que están en curso contra las dos empresas y que promoverá el ejercicio del control social y la rendición de cuentas públicas, para que la población participe en el proceso de fiscalización de las empresas estatales.
Asambleístas aseguran que fiscalizan desde varios frentes y por regiones
La fiscalización a empresas públicas desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se hace en varios escenarios, utilizando herramientas diversas y dividiendo las tareas según regiones. Cada semana se recibe un gran número de peticiones de informe, oral o escrito, respecto de la situación de alguna firma a cargo del Estado.
“Nosotros estamos haciendo la fiscalización de las empresas públicas en varios escenarios. Uno tiene que ver con las comisiones especiales, como aquella que investigó a (la empresa china) CAMC y la provisión de servicios e instalación de empresas públicas como (el ingenio de la) Empresa Azucarera San Buenaventura. Un segundo elemento es realizar una fiscalización a las empresas que tenemos en nuestras regiones”, explicó Víctor Hugo Zamora (PDC), senador por Tarija.
En ese departamento, precisó, se han intentado montar muchas empresas públicas como la Planta Procesadora de Cítricos y otras que actualmente “están en la nebulosa” porque ni siquiera se ha constituido su derecho propietario.
“He visto que se han hecho unas tres o cuatro peticiones de informe que han entrado vía Senado para conocer la realidad económica, administrativa y social de Enatex (Empresa Pública Nacional Estratégica de Textiles)”, indicó Zamora. El Gobierno decidió hace poco el cierre de esa firma, sumida en la crisis económica, para dar paso a un Centro de Servicios Tecnológicos para la industria textil.
La COB advirtió al Gobierno, que de continuar los despidos, como en el caso de Enatex, asumirán medidas radicales en defensa de las fuentes de empleo.
PETICIONES El diputado Manuel Canelas (MAS) afirmó que en las sesiones semanales de la Cámara Baja, “hay un montón” de peticiones de informe referentes a empresas públicas. Estos informes pueden ser escritos u orales y están dirigidos a las autoridades a cargo de la empresa en cuestión. Son las herramientas empleadas con mayor frecuencia por los asambleístas. “Luego están las interpelaciones en la Asamblea. Dependiendo de la gravedad y el grado de consenso, puedes endurecer tus mecanismo de fiscalización”, señaló.
Analistas ven falta de transparencia en administración
Analistas económicos consultados por OPINIÓN ven falta de información y transparencia respecto de la situación de las empresas públicas en el país, lo que impide realizar recomendaciones precisas para su mejora. Aún así, aconsejan que su manejo no sea político, sino profesional y a cargo de personal altamente capacitado.
Para Juan Antonio Morales, analista económico y expresidente del Banco Central de Bolivia, los resultados de gestión de las empresas del sector público “son muy poco transparentes y no hay información suficientemente precisa” que permita concluir las utilidades o pérdidas que estarían generando.
El analista financiero Armando Álvarez coincide al señalar que es difícil saber cómo mejorar el desempeño de las empresas a cargo del Estado “porque la información que existe sobre ellas es muy escasa” y se desconocen, en esencia, qué problemas enfrentan.
Por otro lado, Julio Alvarado, analista económico, considera que, en sí misma, una empresa pública no es buena ni mala, pero que existen dos condiciones básicas para que sea eficiente. La primera es que cuente con personal técnicamente capacitado, gente especializada y profesional. “No se puede improvisar y poner (a cargo) a cualquier político de gobierno de turno”. El segundo requisito, añade, es que además de profesional, el personal esté compuesto por gente honesta. “Si son corruptos, de nada sirve su profesionalismo técnico”.
A lo que se debe apuntar fundamentalmente es a que las empresas sean rentables, lo que pasa por una adecuada gestión, complementa Álvarez. “La buena gestión se va a dar en la medida en que quienes gestionen la empresa sean profesionales, no políticos”.
Finalmente, en opinión de Morales, “la capacidad gerencial que existe en el país es muy limitada y particularmente aquella de administración de las empresas en el sector público”. En ese sentido, recomienda concentrar ese tipo de empresas en un número limitado de firmas estratégicas “y no dispersar el talento administrativo en infinidad de pequeñas empresas”.
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