El despido masivo de alrededor de 950 trabajadores de la Empresa Nacional de Textiles (Enatex), entidad a cargo del Gobierno central, es un atentado a los derechos laborales que tienen los bolivianos y que norma la Constitución Política del Estado (CPE), observó el experto en temas políticos Carlos Alarcón.
Los trabajadores despedidos están en estado de emergencia, con una huelga de hambre y el anuncio de bloquear caminos a partir de hoy.
“En este tema, lo que llama la atención son los derechos fundamentales y constitucionales de los trabajadores. Para el Estado por ser el empleador, ¿desaparecen estos derechos? Yo creo que no, y debe ser al revés. El mejor empleador, y el primero en respetar los derechos legales y laborales”, afirmó Alarcón.
En ese marco, el experto citó lo que manda la Carta Magna, en su Artículo 48: “Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio”, dice en su parágrafo I.
En su parágrafo II expresa: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de los trabajadores”.
Asimismo, el parágrafo III señala: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar su efectos”.
Alarcón también citó el parágrafo III del Artículo 54 de la CPE, que hace relación con el conflicto que viven los trabajadores despedidos de Enatex. La norma máxima señala: “Los trabajadores en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de los trabajadores”.
Dada la legislación constitucional, Alarcón observó el accionar del Gobierno, al despedir a 950 trabajadores fabriles, por lo que hasta la fecha se encuentran en estado de emergencia y movilizaciones.
“¿Dónde está el Ministerio de Trabajo para reincorporar a todos los trabajadores de Enatex en defensa de los derechos y en aplicación de todas las normas que hizo este Gobierno a favor de todos los trabajadores?”, cuestionó.
En consecuencia, pidió al Gobierno que cumpla la CPE y que vele por los derechos laborales de los despedidos. “Si la situación económica de estas empresas es insostenible que se les dé una oportunidad a esos trabajadores aplicando este artículo de la Constitución para que con un fomento y apoyo del Estado ellos se hagan cargo de la empresa”.
“SEGUNDO 21060”
Mientras 670 extrabajadores de la empresa Enatex han cobrado sus finiquitos en el Ministerio de Trabajo; un grupo menor continúa con sus medidas de presión, entre ellos mediante una huelga de hambre, para que se abrogue el Decreto Supremo 2765, por el que la empresa textil dejó de operar. Acusan al Gobierno de aplicar “un segundo (D.S.) 21060”, según la agencia de noticias ANF.
El dirigente de los extrabajadores René Ticona reconoció que la decisión de sus compañeros en cobrar sus finiquitos afecta en el movimiento que sigue impulsando –otro grupo– en defensa de las fuentes laborales.
Asemejó la medida con el Decreto Supremo 21060 del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, por el que miles de trabajadores quedaron en las calles engrosando filas de desempleados. “Hay un tema de fondo, que un segundo 21060 nos están aplicando que no podemos proteger nuestras fuentes laborales, la estabilidad laboral y el derecho al trabajo”, protestó el trabajador.
Acerca de ello, trajo al recuerdo que la administración del gobierno de Evo Morales fue apoyada por los trabajadores fabrile, a raíz de su prédica sobre el “proceso de cambio”, pero lamentó que ahora, con medidas de gobiernos del pasado, deja a cientos de trabajadores sin empleo.
“Nosotros siempre apoyamos y apostamos por el proceso de cambio, pensamos que era un gobierno de izquierda, pero nos demuestran lo contrario, son de derecha. El sector fabril siempre ha sido el más golpeado”, afirmó Ticona.
El dirigente precisó que desde la creación de la Ematex, 1.700 trabajadores se quedaron sin fuentes laborales, el mayor problema se generó cuando se empezaron a perder los mercados internacionales para el producto boliviano textil. Paulatinamente desde 2014, cientos de trabajadores se quedaron sin empleo, porque el Gobierno no cumplió un compromiso con los Estados Unidos, donde se comercializaba la producción de la megaempresa.
El representante dijo que el problema no se termina con el cierre de una empresa, porque otras empresas pueden correr el mismo destino, ser cerradas sin mayor explicación, vulnerando los derechos de los ciudadanos que tienen derecho a una fuente laboral.
Advirtió que con estas medidas también se matan los derechos sindicales, se vulnera el fuero sindical, en medio de una mirada pasiva y contradictoria del Ministerio de Trabajo, que no vela por las fuentes laborales ni por los derechos de los trabajadores.
Ticona dijo que no desistirán de sus medidas de presión con el apoyo de la Central Obrera Boliviana.
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