Cuatro consorcios pidieron formalmente en tribunales de arbitraje internacionales que Bolivia pague 1.870 millones de dólares como indemnización por nacionalizaciones, según un informe difundido hoy por la Procuraduría del Estado boliviano.
Las demandas fueron planteadas por la petrolera anglo-argentina Pan American Energy (PAE), por la española Abertis y por Guaracachi America Inc y Rurelec, de inversores británicos y estadounidenses, cuyas filiales nacionalizó el presidente boliviano, Evo Morales.
Una cuarta demanda corresponde al retiro de concesiones aplicado a la minera chilena Quiborax en 2004 por el entonces jefe de Estado Carlos Mesa (2003-2005).
La demanda de indemnización más alta fue planteada por PAE por una suma de 1.496 millones de dólares debido a la nacionalización en 2009 del 50 por ciento que poseía en la empresa petrolera Chaco.
Este reclamo fue presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, que asumió competencia sobre esa demanda a pesar a la protesta de Bolivia, que argumenta haber abandonado ese foro en 2007.
No obstante, según el informe de la Procuraduría, en las últimas reuniones con los ejecutivos de PAE se acordó suspender el arbitraje por seis meses para buscar un acuerdo.
Pese a esa nacionalización, PAE tiene otras inversiones en Bolivia en sociedad con la española Repsol y la británica BG, que en conjunto han desarrollado el campo de gas Margarita, situado en el sur y uno de los proyectos energéticos más importantes del país.
En su momento, Morales hizo notar como una contradicción que la empresa demande un monto millonario al Estado como indemnización, pero a la vez siga siendo socia en un proyecto energético clave.
Abertis Infraestructuras S.A. presentó una demanda por 86 millones de dólares en la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (Cnudmi), tras la nacionalización de su filial Sabsa en febrero pasado, indica el informe oficial.
Sabsa, filial de Abertis (90 por ciento) y participada por Aena (10 por ciento), gestionaba los tres grandes aeropuertos de Bolivia, pero fue nacionalizada por Morales con el argumento de que no cumplió sus compromisos de inversión.
Según el informe de la Procuraduría, Bolivia tiene un plazo hasta el 14 de marzo de 2014 para responder formalmente a la demanda y en diciembre del mismo año debe asistir a una primera audiencia.
Sobre la expropiación en 2012 de las filiales bolivianas de las españolas Iberdrola y de Red Eléctrica, la Procuraduría indica que Bolivia ha sido notificada con las controversias y se encuentra "en etapa de acercamiento", pero no cita ninguna cifra demandada, ni foro alguno de arbitraje.
De su parte, Guaracachi America Inc y Rurelec piden a Bolivia un pago de 142 millones de dólares por la nacionalización en 2010 de una empresa de generación eléctrica, caso que está ya a la espera de un laudo arbitral en el Cnudmi.
Quiborax reclamó 146 millones de dólares en el Ciadi por el retiro en 2004 de sus concesiones para explotar ulexita en el Salar de Uyuni, demanda que también está a la espera de un laudo, tras una audiencia celebrada en París en octubre pasado, según el reporte.
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